“Tax certainty”: ¿te suena?

En marzo de 2017 la OCDE y el FMI elaboraron un interesante  Informe sobre la seguridad fiscal (“Tax Certainty”), que surge por la creciente preocupación por un tema que ha empeorado en los últimos años, que tiene un contrastado impacto en el desarrollo del comercio y la inversión transfronteriza, en un entorno donde emergen nuevos modelos de negocio y de creciente internacionalización de las empresas.

La OCDE, el G-20 y la Unión Europea ya están trabajando en lo que puede ser el próximo gran proyecto para la agenda fiscal internacional: la seguridad jurídica en materia fiscal (Tax Certainty).

El Informe bebe de una encuesta patrocinada por la OCDE que ha obtenido 724 respuestas de empresas con sede central en 62 países diferentes y con sede regional en 107 jurisdicciones diferentes. En ella se señalan como los factores más importantes a la hora de adoptar una decisión de inversión y localización o ubicación los siguientes (valorados en una escala 1-5):

• Corrupción (3.9)
• Seguridad política (3.8)
• El entorno fiscal general (3.8)
• Situaciones macroeconómicas actuales y esperadas en el país (3.8)

En este sentido la seguridad en el entorno fiscal es un factor preponderante a otros tan importantes como la geopolítica, los costes laborales, disponibilidad de infraestructuras digitales, seguridad ciudadana, moneda, regulación comercial y aduanera, mercado interior, infraestructuras y transportes, etc.

El 60% de las empresas encuestadas indican que la incertidumbre en las áreas del Impuesto sobre Sociedades o IVA es un indicador importante o muy importante a la hora de invertir y tomar decisiones de localización de los negocios. Incluso más relevante que la condición de altos o bajos respecto a los tipos de gravamen.

Ante este diagnóstico, es necesario identificar los múltiples y variados agentes y factores que provocan la inseguridad fiscal. Es un ecosistema complejo, que afecta a:

• Las Administraciones tributarias: Complejos trámites burocráticos, altas cargas indirectas de compliance y documentación, dificultades de comunicación con los contribuyentes, escasez de programas de prevención de conflictos y de resolución temprana de los mismos y ciertos enfoques imprevisibles o inconsistentes de diferentes autoridades fiscales, especialmente para la aplicación de las normas tributarias internacionales.

La lucha contra la inseguridad jurídica en materia tributaria en el contexto internacional se considera un reto especialmente relevante para las Administraciones, que requerirá que avancen en el entendimiento y expertise de cuestiones complejas de tributación internacional, como los precios de transferencia, acuerdos anticipados de valoración (APA), inspecciones simultáneas y conjuntas, y en materia de procedimientos internacionales sólidos y eficaces de solución de controversias, como los Mutual Agreement Procedures previstos en los CDI y el uso del arbitraje.

• Los sistemas de revisión judicial: Las cuestiones relacionadas con los mecanismos de solución de controversias también se identificaron como un importante factor de inseguridad, por el largo período de duración en la toma de decisiones de los tribunales.

• Por su parte, las Administraciones Tributarias identificaron el comportamiento de los contribuyentes como una fuente importante generadora de inseguridad, en particular ante la adopción de una planificación fiscal agresiva, la ausencia de desarrollo de una estrategia fiscal y de mecanismos de control de riesgos fiscales, y falta de transparencia y cooperación. La educación y el desarrollo de un entorno colaborativo entre contribuyentes y Administración se muestra como un factor clave para avanzar.

• Finalmente, también los legisladores tienen su dosis de responsabilidad, por la contrastada complejidad en las normas tributarias, redactadas muchas veces en forma deficiente y poco clara, y con frecuentes cambios legislativos que no prevén regímenes transitorios o efectos anuncio. En este ámbito se recomienda el desarrollo de un sólido marco de diseño y seguimiento de la legislación fiscal basado en principios, junto con otras medidas para mejorar su estabilidad, claridad y reducir la complejidad, con mecanismos inclusivos adecuados de consulta en el trámite legislativo.

Aterrizando sobre el caso español, si queremos ser una economía atractiva para atraer inversión extranjera, bajo los mejores estándares mundiales, no cabe duda que hay terreno en el que avanzar cuando se pone el foco en la seguridad jurídico-fiscal, mejorando el proceso normativo, simplificando y estabilizando un sistema tributario complejo de altísima mutabilidad (invocando reforma tras reforma razones de extraordinaria y urgente necesidad), de múltiples administraciones tributarias (estatal, autonómicas y locales) no siempre bien coordinadas, con una justicia normalmente  lenta que debe afrontar una elevada litigiosidad, y donde no se ha acabado de conseguir la total  implantación de una comunicación y entorno de colaboración  eficaz, entre la Administración tributaria y las empresas, que han de seguir avanzando en la definición de sus políticas fiscales.

El objetivo no es eliminar las incertidumbres tributarias, que siempre existirán para las empresas, sino fomentar un entorno donde éstas puedan gestionar sus riesgos fiscales con altas dosis de seguridad jurídica. Todo un reto, como puede apreciarse, pero sin duda un objetivo deseable de consenso e impulso a nivel internacional, quizá tan importante como el esfuerzo realizado por prevenir y combatir prácticas fiscales agresivas en la fiscalidad internacional.

Autor: Juan Manuel Moral es socio de KPMG Abogados