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La propuesta de reforma del IVA: ¿realidad o ficción?

Por Maite Vilardebó Abella
on 02. 02. 2018

El pasado 18 de enero la Comisión Europea publicó una propuesta de Directiva que, de prosperar, puede suponer una modificación muy trascendente en el IVA. Se plantea dar mucha más flexibilidad a los Estados miembros para aplicar tipos reducidos e incluir más categorías de bienes entre los que sean aplicables los mismos. En concreto, en lugar de haber una lista cerrada de bienes a los que poder aplicar tipos reducidos, habrá una lista cerrada de bienes a los que necesariamente se deberá aplicar los tipos normales del tributo. Además, los Estados miembros podrán aplicar un tercer tipo reducido cero (es decir, productos sin tributación pero cuya venta no limita el derecho a la deducción del IVA soportado en su compra o fabricación). La única limitación será que el tipo medio ponderado de tributación no descienda del 12%. Entre los bienes que no podrán tributar a tipos reducidos estarán los vehículos, joyas, bebidas alcohólicas, tabaco, armas y equipos informáticos,  y entre los servicios, los financieros no exentos y los del juego.

Adicionalmente, se propone una simplificación importante de las obligaciones formales, de facturación y registro, de las empresas con una facturación anual inferior a 2 millones de euros, e, incluso, una exención de IVA para empresarios con una facturación anual inferior a 100.000€ y que operen en más de un Estado miembro.

El trasfondo de esta importante propuesta radica en el abandono definitivo del sistema de tributación en origen por la adopción del principio de tributación en destino, es decir, en el país de consumo del bien o servicio, lo que desemboca, a juicio de la Comisión, en una menor necesidad de armonizar los tipos de IVA entre los Estados miembros, así como en una sorprendente voluntad de dar mayor libertad a éstos para adaptar la recaudación en el IVA a sus medidas de política fiscal y económica. Es de destacar, también, que los Estados miembros deben adoptar medidas que aseguren que la menor tributación redunda en beneficio del consumidor final.

Por otro lado, se continúa en la línea de proteger a las Pymes, reduciendo su carga fiscal y no desincentivando su expansión. No en vano, según datos de la Comisión, las pequeñas empresas representan el 98% de todas las empresas de la Unión Europea. Hay que recordar que, ya con este propósito, recientemente se han aprobado una serie de medidas a través de la Directiva (UE) 2017/2455, de 5 de diciembre de 2017 (si bien no entrarán en vigor en nuestro país hasta el año 2021), por las que se aligera la carga administrativa del comercio transfronterizo, eliminándose la obligación de tener que cursar alta fiscal en cada uno de los Estados miembros en los que se opere, en la venta de bienes online o prestación de servicios transfronteriza a cliente final.

Esta nueva modificación que ahora propone la Comisión es de tal potencial calado que tenemos nuestras dudas fundadas de que llegue a buen puerto, pues ya existen numerosos ejemplos de propuestas de mucho menor impacto económico que no han contado con la aprobación de los Estados miembros. Es difícil pensar que, en caso de que se aprobara esta propuesta, España fuera a rebajar sustancialmente la carga por IVA sin un análisis previo muy exhaustivo de sus consecuencias económicas. España es ya actualmente uno de los países con una aplicación más extensiva de los tipos reducidos y, además, el ingreso derivado del IVA es un elemento fundamental para conseguir el deseado equilibrio presupuestario. Aun así, todavía le quedaría margen para incrementar el tipo normal a los productos y servicios considerados no merecedores de rebaja fiscal, y compensar así el efecto. No obstante, es de aplaudir una medida que pueda dar cierta libertad a los Estados miembros para incentivar políticas sociales y económicas en aras del interés general.

 

Autores: Maite Vilardebó Abella es socia en el área de Tributación Indirecta de KPMG Abogado
Miguel Ferrández Amorós es director en el área de Tributación Indirecta de KPMG Abogados

“Tax certainty”: ¿te suena?

Por Juan Manuel Moral
on 19. 05. 2017

En marzo de 2017 la OCDE y el FMI elaboraron un interesante  Informe sobre la seguridad fiscal (“Tax Certainty”), que surge por la creciente preocupación por un tema que ha empeorado en los últimos años, que tiene un contrastado impacto en el desarrollo del comercio y la inversión transfronteriza, en un entorno donde emergen nuevos modelos de negocio y de creciente internacionalización de las empresas.

La OCDE, el G-20 y la Unión Europea ya están trabajando en lo que puede ser el próximo gran proyecto para la agenda fiscal internacional: la seguridad jurídica en materia fiscal (Tax Certainty).

El Informe bebe de una encuesta patrocinada por la OCDE que ha obtenido 724 respuestas de empresas con sede central en 62 países diferentes y con sede regional en 107 jurisdicciones diferentes. En ella se señalan como los factores más importantes a la hora de adoptar una decisión de inversión y localización o ubicación los siguientes (valorados en una escala 1-5):

  • Corrupción (3.9)
  • Seguridad política (3.8)
  • El entorno fiscal general (3.8)
  • Situaciones macroeconómicas actuales y esperadas en el país (3.8)

En este sentido la seguridad en el entorno fiscal es un factor preponderante a otros tan importantes como la geopolítica, los costes laborales, disponibilidad de infraestructuras digitales, seguridad ciudadana, moneda, regulación comercial y aduanera, mercado interior, infraestructuras y transportes, etc.

El 60% de las empresas encuestadas indican que la incertidumbre en las áreas del Impuesto sobre Sociedades o IVA es un indicador importante o muy importante a la hora de invertir y tomar decisiones de localización de los negocios. Incluso más relevante que la condición de altos o bajos respecto a los tipos de gravamen.

Ante este diagnóstico, es necesario identificar los múltiples y variados agentes y factores que provocan la inseguridad fiscal. Es un ecosistema complejo, que afecta a:

  • Las Administraciones tributarias: Complejos trámites burocráticos, altas cargas indirectas de compliance y documentación, dificultades de comunicación con los contribuyentes, escasez de programas de prevención de conflictos y de resolución temprana de los mismos y ciertos enfoques imprevisibles o inconsistentes de diferentes autoridades fiscales, especialmente para la aplicación de las normas tributarias internacionales.

La lucha contra la inseguridad jurídica en materia tributaria en el contexto internacional se considera un reto especialmente relevante para las Administraciones, que requerirá que avancen en el entendimiento y expertise de cuestiones complejas de tributación internacional, como los precios de transferencia, acuerdos anticipados de valoración (APA), inspecciones simultáneas y conjuntas, y en materia de procedimientos internacionales sólidos y eficaces de solución de controversias, como los Mutual Agreement Procedures previstos en los CDI y el uso del arbitraje.

  • Los sistemas de revisión judicial: Las cuestiones relacionadas con los mecanismos de solución de controversias también se identificaron como un importante factor de inseguridad, por el largo período de duración en la toma de decisiones de los tribunales.
  • Por su parte, las Administraciones Tributarias identificaron el comportamiento de los contribuyentes como una fuente importante generadora de inseguridad, en particular ante la adopción de una planificación fiscal agresiva, la ausencia de desarrollo de una estrategia fiscal y de mecanismos de control de riesgos fiscales, y falta de transparencia y cooperación. La educación y el desarrollo de un entorno colaborativo entre contribuyentes y Administración se muestra como un factor clave para avanzar.
  • Finalmente, también los legisladores tienen su dosis de responsabilidad, por la contrastada complejidad en las normas tributarias, redactadas muchas veces en forma deficiente y poco clara, y con frecuentes cambios legislativos que no prevén regímenes transitorios o efectos anuncio. En este ámbito se recomienda el desarrollo de un sólido marco de diseño y seguimiento de la legislación fiscal basado en principios, junto con otras medidas para mejorar su estabilidad, claridad y reducir la complejidad, con mecanismos inclusivos adecuados de consulta en el trámite legislativo.

Aterrizando sobre el caso español, si queremos ser una economía atractiva para atraer inversión extranjera, bajo los mejores estándares mundiales, no cabe duda que hay terreno en el que avanzar cuando se pone el foco en la seguridad jurídico-fiscal, mejorando el proceso normativo, simplificando y estabilizando un sistema tributario complejo de altísima mutabilidad (invocando reforma tras reforma razones de extraordinaria y urgente necesidad), de múltiples administraciones tributarias (estatal, autonómicas y locales) no siempre bien coordinadas, con una justicia normalmente  lenta que debe afrontar una elevada litigiosidad, y donde no se ha acabado de conseguir la total  implantación de una comunicación y entorno de colaboración  eficaz, entre la Administración tributaria y las empresas, que han de seguir avanzando en la definición de sus políticas fiscales.

El objetivo no es eliminar las incertidumbres tributarias, que siempre existirán para las empresas, sino fomentar un entorno donde éstas puedan gestionar sus riesgos fiscales con altas dosis de seguridad jurídica. Todo un reto, como puede apreciarse, pero sin duda un objetivo deseable de consenso e impulso a nivel internacional, quizá tan importante como el esfuerzo realizado por prevenir y combatir prácticas fiscales agresivas en la fiscalidad internacional.

 

Autor: Juan Manuel Moral es socio de KPMG Abogados

Responsabilidad patrimonial por vulneración del derecho europeo: ¿esperar y ver?

Por Julio César García
on 12. 09. 2016

El pasado 11 de mayo vimos cómo la página de actualidad judicial del Tribunal Supremo publicaba como especialmente relevante una Sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de dicho Tribunal, en la que se reconoce el derecho de una empresa a percibir una indemnización de 1,7 millones de euros a cuenta del Estado por entender que éste debe responder patrimonialmente del incumplimiento por la normativa estatal de la norma europea en materia de IVA.

Se trata de unas cantidades que habían sido cobradas indebidamente aplicando una normativa nacional que finalmente fue declarada no conforme con el ordenamiento comunitario.

La publicación de la noticia ha causado cierta sorpresa, dado que ni la cuantía de la indemnización reconocida, ni la materia a la que la misma se refiere parecen especialmente reseñables como para ser merecedoras de esta especial atención.

Sin embargo, una lectura más detenida de la noticia nos da la pista sobre el aspecto que el Tribunal parece haber querido subrayar.

El Tribunal reconoce la indemnización dado que “por parte del Reino de España hubo una actuación reiteradamente contraria al Derecho Europeo”, y que España no podía ser desconocedora de la posible vulneración del derecho europeo “ante todas las alegaciones que en tal sentido hizo la recurrente, pese a lo cual los órganos administrativos competentes insistieron en mantener los actos administrativos recurridos”.

Pero sobre todo, y aquí es donde sin duda radica la relevancia de la Sentencia, el Tribunal Supremo no repara en prendas para reconocer que su criterio en este caso ha sido diferente al empleado con otros contribuyentes, a los que en un asunto idéntico se les negó el derecho a la indemnización porque se consideró que “allí los recurrentes consintieron durante muchos años la aplicación de dicho artículo sin plantearse cuestión alguna sobre su licitud”.

Es decir, parece que el Tribunal nos está anunciando que acaba de introducir una posible diferenciación en este tipo de asuntos, en el que un factor a ponderar dependa de la posición previamente mantenida por quien pretenda obtener el reconocimiento de este tipo de indemnizaciones.

Si bien la Sentencia se refiere a un ámbito muy concreto, como es la responsabilidad por incumplimiento del derecho europeo (cuyos principios a priori no tendrían por qué extrapolarse a otros ámbitos), lo cierto es que la reflexión del Tribunal parece encerrar un “aviso a navegantes  con el que se podrá estar o no de acuerdo,  pero que  no conviene pasar por alto.

Es normal que ante una determinada controversia (sobre todo ante aquellas que pueden dar lugar a múltiples litigios de diferentes contribuyentes), cada cual elija la estrategia procesal que considere más adecuada a sus intereses.

Así, hay empresas que consideran recomendable situarse en primera línea de batalla” de las reclamaciones, aunque ello les suponga lógicamente incurrir en los inevitables gastos asociados a todo procedimiento.

Por el contrario, para otras empresas, la decisión lógica es la de “esperar y ver” hasta tener una certeza suficiente de que merece la pena iniciar un litigio, lo cual, en la práctica, suele suponer una espera hasta que se produzca algún fallo judicial relevante favorable.

Los que nos dedicamos a este ámbito conocemos perfectamente esta dicotomía, a la que hemos asistido en relación a cada uno de los temas “candentes” en los últimos años.

En mi opinión, ambas alternativas son, y seguirán siendo, igualmente válidas. Cualquiera de las dos estrategias procesales tiene y tendrá sus propias ventajas e inconvenientes y nadie puede decantarse, a priori, por una u otra. Cada caso es diferente, al igual que lo es la situación de cada compañía, por lo que la elección de una u otra opción depende de muchos factores.  Pero lo cierto es que la Sentencia del Tribunal Supremo parece querer introducir un factor más en esta ponderación de pros y contras, al que deben prestar atención todos aquellos que se decantan por la segunda estrategia.

Como decíamos anteriormente, la Sentencia ha sido dictada en un ámbito técnico muy restringido cuyo principio rector (la llamada “vulneración suficientemente caracterizada de la infracción del derecho europeo”) no se da en otro tipo de asuntos. No obstante, la prudencia nos aconseja estar muy atentos a la evolución de esta diferenciación en el futuro, y nos obliga a recordar que “esperar y ver” también tiene sus riesgos.

Autor: Julio César García Muñoz es socio responsable de Procedimiento Tributario de KPMG Abogados.

Fuente: Expansión. Publicado el 12 de septiembre de 2016

La digitalización y el IVA

Por Maite Vilardebó Abella
on 05. 09. 2016

El mundo del consumo está cambiando. Una gran parte de los servicios se prestan ya en el entorno digital. La normativa tributaria tiene que, inexorablemente, adaptarse a ello porque es un camino sin retorno y, cuanto más tarde se haga, mayor puede ser la inseguridad jurídica, la litigiosidad, el riesgo de fraude y la consecuente pérdida de recaudación fiscal.

La revolución del IVA

Por Javier Sánchez Gallardo
on 18. 04. 2016

El Primer Ministro chino Li Keqiang anunció el pasado 5 de marzo la ampliación del IVA para incluir dentro de su ámbito de aplicación sectores como el inmobiliario, el financiero y asegurador o el de los bienes y servicios de consumo.

La posible reducción del IVA en España

Por Javier Sánchez Gallardo
on 17. 06. 2015

La posible reducción de los tipos de IVA aplicados en España se presta a muy diversas consideraciones. De entrada, se puede señalar la posibilidad de que se revise el catálogo de bienes y servicios gravados a tipos reducidos. Nada descubrimos cuando señalamos que los elementos que hay que tener en cuenta para ello son diversos, debiendo considerarse el efecto en precios, si lo hay, el impacto que dicho efecto en precios puede tener en la demanda y, con ello, en el empleo, el carácter preferente o de primera necesidad de los bienes y servicios a los que afecte o su impacto en ciertos sectores, estratégicos para nuestra economía.

También cabe plantear la posibilidad de reducción de los tipos impositivos en términos más generales, equiparando el tipo general del impuesto con el de otros países de nuestro entorno, cuyo tipo general se sitúa en el 20% (Francia y Reino Unido), o incluso por debajo de este umbral, como ocurre en el caso de Alemania, cuyo tipo general es el 19%. Esta reducción del tipo impositivo se situaría en línea con las reducciones que se han acometido en fecha reciente en el resto de nuestro sistema tributario, especialmente en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades.

Como es sabido, el IVA es un impuesto que soportan los consumidores finales, a quienes se lo repercuten los empresarios que les entregan bienes y servicios, por lo que la posible reducción que comentamos, al menos en teoría, no debería tener grandes consecuencias en términos de eficiencia empresarial. No obstante, hay que tener en cuenta tanto el impacto que el impuesto tiene en los sectores que no pueden deducirlo (sanitario, financiero o asegurador, entre otros) como la imposibilidad en muchos casos de obtener su plena recuperación de los clientes en entornos de precios a la baja, por lo que, sin duda, la citada reducción incidiría en la mejora de las finanzas de las empresas españolas, coadyuvando en la mejora de la competitividad de nuestra economía.

Autor: Francisco Javier Sánchez Gallardo es socio de Tributación Indirecta, departamento de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados

El IVA también trae buenas noticias

Por Javier Sánchez Gallardo
on 21. 07. 2014

La reforma tributaria de la que venimos hablando en las últimas semanas incide en las figuras más importantes de nuestro sistema tributario y, entre ellas, también en el IVA. Las modificaciones que se proponen en este tributo son eminentemente técnicas, por lo que su análisis no resulta fácil. Esta tecnicidad de las reformas ha dado lugar a que algunas de ellas, de indudable calado, pasen relativamente desapercibidas. En estas líneas nos referiremos a los viajes de empresa, respecto a los cuales se proponen dos cambios en la Ley del IVA que pueden ser un claro acicate para el sector.

El primero de ellos permite la eliminación de una importante distorsión a la que se enfrentaban, o se podían haber enfrentado, las agencias de viajes que operan en este sector.

Las agencias de viajes tienen un régimen especial en el IVA que, amén de otras características en las que no entraremos, impide a las agencias de viajes expedición de factura repercutiendo el IVA por separado cuando venden en nombre propio los servicios necesarios para la realización de un viaje. Siendo el cliente un consumidor final, esta imposibilidad carece de consecuencias prácticas. El problema se plantea cuando el viaje lo contrata un empresario que, en condiciones normales, podría recuperar este IVA mediante su deducción.

Hasta la fecha, se permitía a las agencias de viajes la consignación en factura de un 6 por ciento incluido en el precio que era deducible para sus clientes, a condición de que el viaje transcurriese por el territorio IVA, esto es, Península y Baleares. Esta posibilidad fue considerada incompatible con la norma comunitaria por el Tribunal de Luxemburgo en septiembre del año pasado.

Lo que ahora se propone es que cuando la agencia de viajes vende en nombre propio los servicios necesarios para la realización del viaje, se le permita expedir una factura repercutiendo el IVA conforme al régimen general del impuesto, siempre que su cliente sea un empresario con derecho a su deducción.

Esta posibilidad, que se especifica mediante la posibilidad de renunciar al régimen especial, y que se aplica en otros Estados comunitarios, puede suponer un claro incentivo, o no castigo, para el sector, que podrá competir en este sector de negocio en igualdad de condiciones que el resto de los operadores.

La segunda medida tiende al refuerzo de España como país de destino para los eventos de empresa. Hasta la fecha, los empresarios no comunitarios únicamente pueden recuperar las cuotas que soportan en España en caso de que a los empresarios españoles se les devuelva el impuesto soportado en sus respectivos países. Es lo que se conoce como reciprocidad en la devolución a no establecidos.

En la reforma prevista para la Ley del IVA se elimina esta restricción para este tipo de operaciones. En consecuencia, a partir de enero de 2015, cualquier empresario que visite España para asistir a un congreso, feria o exposición podrá recuperar las cuotas que soporte en nuestro país sin necesidad de que exista reciprocidad de trato con su Estado de establecimiento.

Esta segunda medida puede suponer un claro acicate para el sector del turismo de congresos, en el cual nuestro país dispone de una posición privilegiada, pero que hasta la fecha se veía penalizado, desde un punto de vista competitivo, por la no devolución de las cuotas soportadas por los asistentes a estos eventos, devolución que otros países de nuestro entorno sí que permiten.

La combinación de ambas medidas se antoja como todavía más favorable, ya que cualquier empresario no comunitario que visite nuestro país, tanto si organiza el viaje directamente, como si lo hace con el concurso de una agencia de viajes, supuesto que esta expida la factura como antes se dijo, podrá recuperar el IVA satisfecho por los servicios necesarios para la asistencia al mismo.

La combinación de ambas medidas supone, como decíamos, unas nuevas pautas de funcionamiento para el sector de los viajes de negocios que no serán fáciles de poner en práctica, pero que sin duda contribuirán muy positivamente al mejor funcionamiento de un sector de importancia estratégica para la economía española.

Autor: Francisco Javier Sánchez Gallardo, Socio de Tributación Indirecta KPMG Abogados.
Fuente Cinco Días. Publicado el 21 de julio de 2014

 

Los esperados cambios en la Ley del IVA

Por Javier Sánchez Gallardo
on 27. 06. 2014

La reforma tributaria que se avecina para enero de 2015 incluye, además de los cambios que se anuncian en el ámbito de la imposición directa, de indudable trascendencia, otras que afectan al IVA y que, aunque quizá tienen una relevancia estructural menor, encierran igualmente una revisión de calado.