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Cómo fomentar los planes de pensiones

Por Álvaro Granado
on 13. 02. 2018

El debate sobre el presente y futuro de nuestras pensiones de Seguridad Social, además de estar presente en las agendas de nuestros políticos,  está generando una preocupación creciente entre los ciudadanos de nuestro país. El último estudio sobre la situación de las pensiones en España, elaborado por KPMG Abogados en noviembre de 2017, refleja que un 46% por ciento de la muestra de participantes está notablemente preocupado por su jubilación.

Pero, ¿estamos ahorrando realmente para la jubilación? Además de la preocupación que estamos manifestando por nuestra jubilación, ¿estamos actuando en consecuencia? ¿Se crean nuevos planes de pensiones en España? Si bien es cierto que el grado de concienciación sobre la necesidad de ahorro finalista para la jubilación ha aumentado, el número de planes de pensiones o sistemas de jubilación, ya sea a nivel colectivo (promovidos por las empresas para sus trabajadores) o a nivel individual, no ha crecido, como sería aconsejable, durante los últimos años. Según el estudio de pensiones de KPMG, solo un 22% de las compañías en España cuenta con sistemas de jubilación para sus empleados.

Parece que en España, la gran mayoría de la población somos plenamente conscientes de que es, no solo conveniente, sino necesario, contar con sistemas privados de pensiones como esquemas complementarios a la Seguridad Social. Pero, ¿por qué no hay más planes de pensiones? Los principales motivos podrían sintetizarse en aspectos culturales, escasa capacidad de ahorro generalizada, poca participación de las empresas y escasos incentivos para fomentar el ahorro a largo plazo para la jubilación.

Durante los dos últimos años, se está hablando de la posibilidad de permitir rescatar planes de pensiones transcurridos 10 años desde la realización de la aportación, junto con la reducción en las comisiones mínimas establecidas en la legislación de planes y fondos de pensiones. El Consejo de Ministros de ayer  dio  luz verde al Real Decreto que regula la liquidez de los planes de pensiones a 10 años, lo que permitirá rescates anticipados a partir de 2025 para aportaciones realizadas con anterioridad a 2016.

¿Supone esta medida de hacer líquidos los planes de pensiones el incentivo necesario para fomentar el ahorro y la creación de nuevos planes de pensiones? Si bien los planes de pensiones son instrumentos de ahorro no líquidos, salvo el acaecimiento de determinadas contingencias como son la enfermedad grave y el desempleo de larga duración, la posibilidad de permitir hacerlos líquidos después de 10 años no parece que sea suficiente incentivo para fomentar el ahorro de ciudadanos y empresas, pues el sector privado está esperando otro tipo de incentivos, principalmente fiscales.

Además, desde el punto de vista técnico, hay una serie de factores que pueden poner en peligro instrumentos de ahorro finalista pensando en la jubilación, al permitir el rescate anticipado de los fondos. No debemos perder de vista que, a la hora de sentarnos a planificar la jubilación, debemos siempre trabajar con las siguientes variables: disponibilidad de efectivo como cuantía a destinar al ahorro, horizonte temporal hasta mi jubilación, estrategia de inversión y elección de activos financieros que permitan, junto con el capital principal destinado al ahorro, obtener prestación de jubilación deseada.

Es decir,  para planificar nuestra jubilación debemos tomar decisiones de inversión a medio o largo plazo, que se verán comprometidas si se permite la posibilidad de deshacer la inversión antes de lo previsto; la fecha de jubilación. Esta decisión de rescate anticipado, sin duda, podrá contribuir a no alcanzar el objetivo de inversión planteado, con el consiguiente efecto en la pensión de jubilación. En la actualidad, existen otros instrumentos de inversión más adecuados a la hora de realizar inversiones pensando en horizontes temporales de 10 años, que lo que sería un plan de pensiones.  Por otro lado, el rescate anticipado implica un riesgo sobre la futura pensión, al dar la posibilidad de destinar un ahorro inicialmente pensado para la jubilación, para hacer frente a un fin distinto.

Seguir avanzando en temas como la concienciación y crear nuevos incentivos fiscales y/o económicos para la creación de planes de pensiones y de otros sistema de ahorro, sin duda contribuirá definitivamente a que de desarrolle de forma adecuada la previsión social complementaria en nuestro país. Por supuesto, sin olvidar que el salario, muchas veces, no permite  pensar en la jubilación, independientemente de la posibilidad o no de rescatarlos.

 

Autor: Álvaro Granado es Director responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados

Fuente: Expansión. Publicado el 10 de febrero de 2018

Los retos de la innovación española

Por Mariano Antón
on 12. 12. 2016

El ‘Manual de Oslo’, publicado en 2005 por la OCDE y Eurostat, define la innovación como la introducción de cambios o novedades en lo que se hace y cómo se hace, es decir, en la producción de bienes y servicios nuevos, en la mejora de los procesos y sistemas productivos existentes o en la puesta en práctica de nuevos métodos de organización o de ‘marketing’. Es evidente, por tanto, que la innovación se sitúa como un elemento capital para lograr, entre otros objetivos, un desarrollo económico sostenible de los países, un aumento del progreso y bienestar de sus sociedades y una mejora en la competitividad, la productividad y el empleo de sus economías.

En el caso concreto de España, no es ningún secreto que nuestro país sigue adoleciendo de un déficit crónico en inversión en I+D+i respecto a la media europea, una brecha que ha vuelto a ampliarse desde 2010, mermando la competitividad de nuestra economía y constituyendo un serio lastre para su crecimiento futuro. A pesar del esfuerzo que las empresas españolas han realizado en los años de mayor incidencia de la crisis, la inversión en I+D+i del sector privado de la economía española se encuentra sensiblemente por debajo de la media de la UE —aproximadamente, la mitad en términos de PIB— y muy lejos del objetivo establecido en el Programa Marco Europa Horizonte 2020.

Según los datos incluidos en el ‘Informe sobre la situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y el empleo’, publicado por el Consejo Económico y Social el año pasado, solo un 20% de las empresas españolas que podrían considerarse innovadoras realizaron actividades de innovación, lo cual probablemente tiene un origen multifactorial, aunque en todo caso muy ligado a las características del mapa empresarial español (menor tamaño medio de las empresas españolas respecto a sus comparables europeas, mayor penetración del sector servicios respecto al industrial y al primario, y peso relativo superior de las actividades industriales con reducida intensidad innovadora).

No sorprende, por tanto, que, una vez superado el largo periodo de deterioro económico ocurrido en España en los últimos años, las empresas de nuestro país hayan puesto de nuevo el foco en la innovación. Así se pone de manifiesto en las conclusiones de la edición 2016 del Barómetro Europeo de la Empresa Familiar, patrocinado por el Instituto de la Empresa Familiar y KPMG, en el que se constata que las empresas familiares españolas confían, cada vez más, en la innovación y el talento como palancas de su crecimiento actual y futuro —tal y como reflejan sus planes de inversión para los próximos años—, aunque sus comparables europeas prevean destinar comparativamente más recursos a las inversiones en innovación y nuevas tecnologías.

En todo caso, es posible ver el futuro con optimismo, porque determinados sectores industriales españoles, como el de la automoción y sus componentes, se han convertido en referentes internacionales en producción y exportación, como consecuencia, entre otros aspectos, de su decidida y sostenida apuesta por la inversión en I+D+i. También es importante que la financiación de la I+D+i no esté a merced de los vaivenes de los ciclos económicos, especialmente en lo que respecta a las administraciones públicas. La disminución generalizada de fondos públicos destinados a la innovación que tuvo lugar en España durante la crisis económica fue de tal envergadura que volvió a situarnos en el furgón de cola de los países europeos más avanzados.

Por todo esto, es vital que los sistemas de incentivos y ayudas fiscales a la innovación sean más accesibles a las pequeñas y medianas empresas, mediante la simplificación de los trámites administrativos, la reducción de los costes económicos y de gestión y la mejora en la disponibilidad de la información, así como en la estabilidad del marco regulatorio aplicable para su obtención, de manera que pueda aumentar gradualmente la escasa experiencia de las pymes españolas en esta materia.

Y, por último, resulta imprescindible que los mecanismos privados de financiación de la innovación (‘venture capital’, incubadoras/aceleradoras, redes de inversores, financiación participativa, etc.) dispongan de un marco estable que les permita desarrollar su actividad para la obtención de retornos proporcionales al riesgo que asumen. En este sentido, aunque la inversión recibida por empresas españolas en fase de desarrollo registró en 2015 un crecimiento del 83% respecto al año anterior y nuestro país continúa ganando visibilidad en el mercado mundial del emprendimiento tecnológico —un ejemplo es el éxito del South Summit del pasado mes de octubre—, todavía están por verse los efectos de las diversas leyes de capital riesgo y financiación participativa que han entrado en vigor en los dos últimos años y su impacto en el desarrollo del ecosistema innovador del país.

 

Autor:  Mariano Antón es director en Deal Advisory de KPMG en España.

Fuente: El Confidencial. 23 de noviembre de 2016