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Lecciones de tres décadas acompañando a las empresas vascas

Por Hilario Albarracín
on 27. 07. 2017

El mercado ha vivido una transformación sin precedentes en los últimos treinta años, los mismos que KPMG lleva presente en Euskadi, acompañando a las empresas vascas en su día a día. En estas tres décadas, la sociedad y la economía han experimentado un cambio muy profundo que las empresas vascas han sabido comprender y convertir en una palanca de crecimiento.

En el momento actual, los directivos vascos se sienten fuertes y optimistas ante el futuro a corto plazo como mostraban en el informe Perspectivas que KPMG y la CEOE publicaron a comienzos de este año: el 93% esperaba estabilidad o mejoría de la economía a lo largo del 2017 y 6 de cada 10 auguraba un crecimiento de las ventas. Estos datos evidencian la solidez de la economía vasca y de sus empresas, han sido referentes para adaptarse a las nuevas reglas del juego que componen el mercado actual.

La actividad económica de hoy en día viene marcada por la consolidación de la globalización y la digitalización. Pero el camino no ha estado exento de desafíos. En las últimas décadas hemos vivido diferentes retos, desde la expansión económica a la gran crisis financiera; desde la peseta a la entrada en circulación del euro y la política monetaria compartida; desde los modelos centrados en las mejoras productivas a aquellos vinculados con la transformación digital y el uso del big data. El futuro se plantea con diferentes incertidumbres, en especial debido a factores geopolíticos internacionales, pero igualmente repleto de oportunidades que, a buen seguro, los directivos del País Vasco sabrán gestionar adecuadamente.

La economía de Euskadi entró en el nuevo siglo en un buen estado competitivo resultado de un proceso de transición que, anticipando la gran transformación económica que se avecinaba, recondujo el enfoque productivo de una economía industrial convencional hacia la innovación y el valor añadido. Este proceso ha situado a la economía vasca como una de las más potentes de entre las regiones de Europa y supone un caso de éxito de referencia para todos sus socios y vecinos.

De entre los ingredientes que componen la fórmula de estos logros destacaría como el bienestar de la ciudadanía ha ido siempre de la mano de los cambios que han procurado hacer de Euskadi no solo una economía fuerte sino también un lugar excelente en el que vivir, formarse, trabajar o abrir y desarrollar negocios. Intangibles de enorme valor que son comúnmente reconocidos al hablar del País Vasco.

No es extraño que Euskadi dedique el mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D sobre el PIB (un 1,93% en 2015) de toda España. Además, el esfuerzo de las empresas vascas en I+D, es decir, el gasto ejecutado por las compañías como porcentaje del PIB regional, fue muy superior en el País Vasco respecto al promedio de España, un 1,42% sobre el 0,64. La estrategia es acertada y loable, sobre todo teniendo en cuenta que competir en el mercado actual requiere una apuesta decidida por la digitalización, la optimización de las tecnologías predictivas de Data Analitycs o la respuesta veloz a las cambiantes necesidades de los consumidores. Saber mantener la inversión en actividades de innovación sin perder de vista la consecución de los objetivos marcados a corto plazo, es un complejo juego de equilibrios que los directivos de todas las empresas del mundo tienen que ejecutar y un mérito que es justo reconocer al tejido empresarial del País Vasco.

Es gratificante haber podido acompañar a la economía vasca en estos años y es ilusionante la idea de seguir haciéndolo en las próximas décadas en las que solo podemos prever que la realidad seguirá dominada por el cambio permanente. Por ello, es imprescindible tratar de anticiparse y dotarse de estructuras flexibles capaces de adaptarse con agilidad. Para ello, será fundamental contar con adecuados sistemas de gobierno corporativo, que impulsen la transparencia hacia los distintos grupos de interés y la sociedad en su conjunto. La confianza se ha convertido en el principal activo de las compañías y la base para garantizar el crecimiento sostenible de las empresas. Muchas compañías son conscientes de ello. Tanto es así que 9 de cada 10 de los CEOs españoles a los que hemos encuestado en el informe CEO Outlook, que acabamos de publicar, prevén destinar un alto nivel de inversión al gobierno corporativo y a la gestión de riesgos en los próximos años. Esto implica atraer y retener el mejor talento en todos los niveles de la empresa, gestionar nuevos desafíos como la ciberseguridad, adelantarse al impacto potencial de los cambios en las relaciones internacionales, en las políticas monetarias o en la regulación. Y, por encima de todo esto, actuar conforme a los valores y la ética.

Al final, incluso en medio de la gran transformación tecnológica y de la incertidumbre geopolítica, lo importante para el progreso de nuestra sociedad siguen siendo las personas que con espíritu emprendedor generan empleo y oportunidades, riqueza y crecimiento. Esta es una de las lecciones que se pueden extraer de la experiencia económica del País Vasco. Seguro que en los años por venir podremos seguir acompañando desde KPMG a los directivos vascos en sus decisiones para seguir consolidando una economía innovadora capaz de generar admiración y confianza como centro de su propuesta de valor.

Autor: Hilario Albarracín es Presidente de KPMG

Fuente: El Correo. Publicado el 27 de julio de 2017.

El sentido común del buen gobierno

Por Ramón Pueyo
on 21. 09. 2016

Según el inicio más célebre de la historia de la literatura, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Si los protagonistas de Ana Karenina fueran empresas, quizá Tolstoi habría optado por invertir el comienzo. Las recetas del éxito son numerosas. Las del fracaso lo son algo menos. Este último, además, es el único equilibro estable a largo plazo para las compañías. El fracaso es la norma. La excepción, el éxito duradero.

Las explicaciones lineales al éxito empresarial quizá disgustarían a Tolstoi, convencido de la importancia del azar, el desorden, el ruido y la incertidumbre como variables explicativas de los acontecimientos históricos. Las explicaciones monofacéticas– el líder visionario o el CEO infalible, entre otras- son habituales en los relatos históricos y en los de los éxitos corporativos. Todo un género literario sostiene que el éxito tiene causas claramente identificables. Pero en ocasiones, las explicaciones son falaces; presentan rasgos de las empresas de éxito pero olvidan las compañías fracasadas que los compartían. O se utilizan las mismas razones para explicar indistintamente éxitos y fracasos. Churchill diría que la receta del éxito corporativo es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Respecto del fracaso tenemos las ideas algo más claras.

Quienes han estudiado el éxito y fracaso empresarial señalan la importancia del buen funcionamiento del consejo de administración como condición necesaria en el primer caso y suficiente en el segundo. Esto no debería sorprender. El papel del consejo es asegurar que las decisiones de la compañía están orientadas al interés a largo plazo de sus propietarios. Si el consejo funciona bien, las decisiones y los gestores serán mejores y la probabilidad de que a la compañía le vaya bien aumentará. Sentido común.

Los consejos de administración, en versión primitiva, son anteriores a la Biblia de Gutenberg. Tienen distintas razones de ser. Una de ellas se refiere a que, con dosis adecuadas de diversidad e independencia, los grupos son capaces de tomar decisiones más inteligentes que el más inteligente de sus miembros. Y tomar decisiones es el propósito del consejo. Por eso, las recomendaciones de buen gobierno insisten en estos dos puntos y en las condiciones que deben darse para que ambos ingredientes funcionen. Por ejemplo, evitar la uniformidad de opiniones o prevenir la aparición del anclaje o el exceso de confianza entre otros sesgos.

Como es sabido, el idioma del gobierno corporativo es cada vez más universal. La armonización es resultado, en parte, de la labor polinizadora de los inversores internacionales. Los mercados hablan inglés, y este, culturalmente, es el idioma del buen gobierno. El pasado mes de julio, distinguidos inversores y gestores norteamericanos -Warren Buffett y el presidente de BlackRock entre ellos- aportaban su granito de arena al debate sobre gobierno corporativo. Publicaban un documento titulado Commonsense Principles of Corporate Governance. Justifican su contribución al entender que el debate en la materia en ocasiones genera más acaloramiento que luz. Su objetivo es establecer un consenso básico acerca de los ingredientes del buen gobierno, dada su importancia para la perdurabilidad de las compañías. Los promotores abogan por la flexibilidad. No todos los principios serán útiles para todas las compañías ni serán aplicados del mismo modo.

La lectura del documento no ofrece excesivas sorpresas. En lo que se refiere al consejo, pone el acento, principalmente, en cuestiones ya conocidas en la letra aunque no siempre entendidas en el espíritu. Pero también se fija en algunas otras materias que podrían resultar de interés para los consejos españoles más avanzados y menos presentes en nuestras recomendaciones. Por ejemplo, la importancia de retribuir al consejero en acciones –no en opciones, por supuesto- o instrumentos equivalentes que debería mantener durante su mandato. Aquí, cabe recordar que independencia no quiere decir indiferencia. Se trata de evitar la segunda sin comprometer la primera. Los principios también proponen reuniones sin presencia de los ejecutivos con ocasión de cada sesión del consejo o considerar la conveniencia de constituir grupos de trabajo específicos para tratar transacciones.

Dada la influencia de sus promotores, sospecho que progresivamente veremos estos principios en las políticas de los inversores relevantes para las compañías españolas y en futuras revisiones de las recomendaciones en la materia. Por eso, no estaría de más que los consejos de las sociedades españolas cotizadas miraran de reojo los principios en estos meses, aprovechando el ejercicio anual de evaluación del desempeño y de definición de mejoras en cumplimiento de las recomendaciones en la materia.

Ramón Pueyo es socio de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España

Fuente: Cinco Días Publicado el 21 de septiembre de 2016

Las expectativas del BCE sobre gobierno y gestión del riesgo de los bancos

Por Francisco Uría
on 30. 06. 2016

El BCE publicó el pasado martes 21 de junio una comunicación sobre gobierno corporativo y apetito al riesgo (PDF 457KB) en la que se contienen – para bien y para mal – las principales lecciones extraídas de la actividad supervisora en este ámbito durante el año 2015.

Aunque no es un documento demasiado extenso (21 páginas) abunda un buen número de temas que resultarán de interés para los que trabajan en el sector financiero, ya sean juristas o especialistas en regulación bancaria.

De su contenido resulta particularmente interesante, en mi opinión, la reflexión sobre la importancia fundamental del marco de apetito al riesgo (RAF) como una herramienta clara para el reforzamiento de una cultura de adecuada gestión del riesgo en todas las áreas de un banco.

En general, la nota presenta de forma ordenada cuáles son las expectativas (y cuáles han sido también las excepciones) del supervisor único al analizar el gobierno corporativo y la gestión del riesgo de los bancos más importantes de la Eurozona.

Os prometo que hay muchas lecciones aprendidas.

Autor: Francisco Uría es socio responsable de Sector Financiero

La Unión Bancaria avanza

Por Francisco Uría
on 24. 06. 2016

El mecanismo único de supervisión bancaria está cumpliendo ya su segundo año de operatividad completa. Mucho se ha avanzado desde noviembre de 2014. Cada día, los equipos conjuntos de supervisión celebran reuniones con los bancos españoles y su presencia en las entidades se ha hecho ya cotidiana. Junto con algunos elementos más tradicionales, la agenda supervisora ha implicado novedades como la revisión del gobierno corporativo o los modelos de negocio de las entidades. Otros temas relevantes son la calidad de los datos, la ciberseguridad, los modelos de riesgo y el capital, siempre el capital.

El pasado 1 de enero comenzó también la andadura formal, tras un año de preparativos, del mecanismo único de resolución, con la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés), 24como elemento central, de la que forma parte el español Antonio Carrascosa, anterior responsable del FROB.

El papel de las nuevas autoridades de resolución bancaria (tanto en su fase preventiva como ejecutiva) va a ser muy relevante y, de la mano de la planificación de la resolución y, sobre todo, del proceso de evaluación de la resolubilidad de las entidades pueden exigirse cambios que afecten a su estructura y funcionamiento. También se plantea el reto de cumplir con los nuevos requerimientos en materia de capacidad de absorción de pérdidas (TLAC-MREL). Concretamente, una vez definido el TLAC para las entidades globales, se avanza poco a poco en la determinación del MREL como requerimiento individualizado para las entidades que se les exigirá en plazos distintos, de acuerdo con sus circunstancias y características. Por otra parte, se avanza en la concreción de las cantidades que los bancos deberán aportar a los nuevos fondos –nacionales y europeo- de resolución.

Pero, sin duda, la gran novedad del año, aunque de pronóstico todavía incierto, es el avance de la propuesta de la Comisión Europea sobre un esquema europeo de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés), el “tercer pilar” de una Unión Bancaria completa. A pesar de que se trata de una propuesta prudente, que sigue de cerca el proceso seguido para la constitución del Fondo Único de Resolución, y que distingue fases sucesivas para su implementación efectiva, afronta no pocas dificultades y alguna oposición política relevante…veremos en qué termina todo aunque, como siempre, yo soy optimista.

Luces largas para las Comisiones de Auditoría

Por Borja Guinea
on 22. 06. 2016

El entorno de complejidad en el que operan las empresas ha venido para quedarse, al menos en el medio plazo. Las organizaciones deben de tener en cuenta la gran variedad y profundidad de factores de incertidumbre, cuando no de riesgos externos e internos, a la hora de tomar decisiones estratégicas. Esta realidad exige disponer de un cuadro de mandos más completo, de altas dosis de talento y conocimiento y una visión que permita análisis certeros sobre este entorno cambiante y su evolución más probable. En este contexto la labor de los consejeros en su función de orientar el rumbo de las compañías resulta esencial. Es más necesario que nunca conducir con luces largas.

Para afrontar con éxito esta situación, se precisa una colaboración reforzada entre los responsables del gobierno y los de la dirección y gestión de las organizaciones. Esta conclusión es ampliamente compartida en los diversos foros y encuentros con consejeros y directivos organizados desde el Audit Committee Institute de KPMG tanto a nivel global como local, al tiempo que se percibe una tendencia clara desde la regulación hacia mayores exigencias en políticas de transparencia y Buen Gobierno que permitan reforzar la confianza de los distintos grupos de interés que interactúan con las compañías.

En este sentido, las Comisiones de Auditoría son un elemento clave y están desempeñando, cada vez más, nuevas responsabilidades y un mayor protagonismo en sus funciones de control y supervisión, que si bien cuentan con una alta valoración por el resto del Consejo, también está suponiendo un aumento en la ya de por sí exigente carga de trabajo. La regulación vinculada a la normativa mercantil y de Gobierno Corporativo, así como la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, de aplicación efectiva a partir del 17 de junio de 2016, son claros ejemplos sobre la mayor relevancia otorgada a su labor dentro de las organizaciones. Desde KPMG y desde nuestra plataforma del Audit Committee Institute venimos contribuyendo al desarrollo de la importante labor que desempeñan las Comisiones de Auditoria, así como a participar en el debate y a compartir conocimiento y experiencias entre consejeros.

Para más información, accede a nuestra publicación Noticias ACI 14.

Autor: Borja Guinea es socio responsable de Auditoría de KPMG en España

El sector financiero español, entre la reestructuración y la transformación

Por Francisco Uría
on 21. 06. 2016

Hola a todos. Hoy comienzo una nueva aventura, a través de este blog, tratando de compartir algunas de las cosas que me interesan, o me preocupan, y que también nos tienen muy ocupados en mi firma, KPMG. En él trataré de incorporar materiales que me parezcan interesantes, contaros noticias o acontecimientos que puedan ser relevantes para el sector financiero y, por supuesto, daros mi opinión al respecto.

No cabe duda de que vivimos tiempos “interesantes” (no hay que olvidar que esto, en algunos países, se considera una maldición), en los que confluyen una situación económica aún difícil, un cambio regulatorio importante y la percepción de que el sector financiero necesita evolucionar para adaptarse a un entorno económico, social y tecnológico que se está transformando por completo. En la agenda de quienes trabajamos en o para las entidades financieras se encuentran todas esas cuestiones: el cambio del modelo de negocio para tratar de recuperar el margen y la rentabilidad, las novedades regulatorias (que lógicamente influyen también en ese modelo), el gobierno corporativo de las entidades, la transformación digital y muchas otras. Es importante no considerarlas como temas aislados. Todos están profundamente interrelacionados entre sí y sólo las entidades que sean capaces de gestionarlos de forma conjunta podrán tener éxito.

Como seguramente vosotros sabréis mucho más que yo sobre todas esas cosas, me gustaría que participarais activamente en el blog para coincidir o, por supuesto, discrepar de lo que os cuente y, también para incorporar materiales o publicaciones que os parezcan interesantes. ¡Os espero¡

Empresas responsables

Por Hilario Albarracín
on 06. 06. 2016

Los dos últimos años han sido especialmente prolijos en materia regulatoria para reforzar el gobierno de las empresas. A la Ley de Sociedades de Capital y las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se sumará el próximo 17 de junio la entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que tendrá importantes implicaciones para los consejos de administración de las grandes compañías y, en especial, de sus Comisiones de Auditoría. Entre las distintas razones que han llevado a los reguladores a reforzar el marco legislativo bajo el que se desenvuelven los órganos de gobierno de las compañías está la consecución de una mayor transparencia y la capacidad para aportar mayor confianza a los inversores y otros grupos de interés. Este impulso reformista viene en gran medida propiciado por la mayor exigencia de los mercados, inversores y la opinión pública hacia las prácticas de gobierno corporativo y la capacidad -y obligación- de los consejeros de responder con responsabilidad y transparencia de sus decisiones y forma de actuar.

Sin embargo, no se debe olvidar que la mejora del gobierno corporativo parte también de la convicción de las propias empresas y sus administradores de que es necesario contar con los mejores estándares y prácticas para operar en un mercado global donde los inversores ya no solo prestan atención a la calidad de los resultados, sino a la forma de obtenerlos.

El buen gobierno es sinónimo de transparencia, pero también de una mayor profesionalización de los consejos de administración. De sus miembros ya no solo se espera que aprueben la estrategia del management, sino que se impliquen en su definición y la cuestionen constantemente.

Igualmente, los consejeros deben tener un mayor protagonismo a la hora de identificar los riesgos a los que se enfrenta la organización, poniendo un especial énfasis a ciertas amenazas que, como la ciberseguridad, hasta hace poco tiempo la tarea de combatirlas correspondía únicamente a una determinada área técnica de la compañía. La eficacia de los consejos de administración obtiene una de las mayores notas en el índice 2015-2016 de competitividad de las instituciones españolas elaborado por el Foro Económico Mundial.

El salto que se ha dado en los últimos años es una prueba de que el nuevo marco normativo, sumado a la propia convicción de las empresas y sus administradores, está causando el efecto deseado.Sin duda, el buen gobierno corporativo constituye uno de los pilares para la creación de valor y la perduración de las compañías en el tiempo. En este sentido, cuestiones como la diversidad, la profesionalización y la comunicación con los accionistas son cuestiones que deben estar entre las prioridades de todos los consejos de administración. 

Autor: Hilario Albarracín es consejero delegado de KPMG en España.

Fuente: El Pais Negocios. Publicado el 5 de junio de 2016

El MUS cumple un año

Por Francisco Uría
on 04. 11. 2015

El Mecanismo Único de Supervisión cumple hoy un año. El Banco Central Europeo, con el apoyo de las autoridades nacionales competentes (el Banco de España en nuestro caso) ha aprovechado el tiempo. Se ha creado una nueva arquitectura institucional para la supervisión directa de los grandes bancos europeos, se ha establecido una nueva metodología supervisora que parte de las mejores prácticas supervisoras internacionales (conocida como SREP) y se han producido avances importantes en otros ámbitos destacados como la reducción de las discrecionalidades y opciones nacionales en el ámbito de la normativa prudencial.

Para los bancos y para el propio supervisor ha sido un año de conocimiento mutuo y adaptación. El número de reuniones que se han celebrado a distintos niveles ha superado todas las expectativas y, sobre todo, han sorprendido las iniciativas referidas a la participación del BCE en las reuniones del consejo de administración o comités y comisiones relevantes de los bancos supervisados. Los bancos han tenido que adaptarse a las nuevas exigencias del supervisor, generando, en no pocos casos, estructuras nuevas, y adaptando sus procedimientos internos a los nuevos requerimientos de información. El nuevo supervisor ha establecido también una agenda de prioridades propia en la que ha mezclado temas habituales de la supervisión prudencial (capital y liquidez) con otros más novedosos como el gobierno corporativo y la gestión del riesgo, el modelo de negocio y la rentabilidad o la atención a las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad.

De cara al futuro, algunos de estos temas se mantendrán entre las prioridades del supervisor pero también irán apareciendo temas nuevos como la atención a los modelos internos de riesgo de crédito de las entidades, la preocupación por los niveles de activos deteriorados (NPLs) que persisten en el balance de muchos bancos, afectando a su rentabilidad o los cambios derivados de los intentos de armonización regulatoria que ya hemos comentado. Pero, sin duda, lo que hace más complejo el momento en que nos encontramos son las incertidumbres que todavía persisten sobre los últimos desarrollos de la regulación tanto en el ámbito prudencial como en las nuevas normas sobre recuperación y resolución de las entidades de crédito. Esta incertidumbre dificulta la planificación de las entidades y, por consiguiente, la toma de decisiones estratégicas. Sería importante que los bancos pudieran contar, cuanto antes, con un terreno de juego definido que les permita adoptar las decisiones que requiere un momento tan complejo.

Autor: Francisco Uría, socio responsable del sector Financiero de KPMG en España.

Futuro y confianza

Por John Scott
on 03. 11. 2014

Hace apenas dos años la confianza sobre el futuro del euro, y en especial sobre la economía española, alcanzaba mínimos históricos. Hoy, aunque el crecimiento de la zona euro está estancado y continúan existiendo incertidumbres, la prima de riesgo se ha reducido y no hay dudas sobre el proyecto del euro. La economía española se muestra como una de las más dinámicas, permitiendo una vuelta de la inversión extranjera y un aumento de la confianza. Para las empresas la situación no es distinta. En un entorno cada vez más competitivo, en el que los inversores son cada vez más exigentes, inspirar confianza es un activo estratégico para su desarrollo y supervivencia.

En este nuevo contexto, los consejos de administración tienen una misión esencial que desempeñar. Sobre ellos recae en gran medida poder mantener la confianza y aportar seguridad a los mercados, función que, en una coyuntura tan compleja, requiere una gran vocación por comprender la constante transformación que vive el mundo de los negocios.

Esta transformación viene dada, en especial, por la creciente globalización, lo que implica entender los riesgos y oportunidades en los distintos mercados. Las empresas que operan en varios países deben permanecer atentas a la evolución de los diferentes entornos regulatorios, así como contar con sistemas capaces de anticipar y gestionar los riesgos asociados. Unido al fenómeno de la globalización, la tecnología digital está transformando los hábitos de consumo, las formas de comunicarse o de producir, impactando también en las empresas a nivel operativo y en sus modelos de negocio, tanto desde el punto de vista de las ventajas competitivas que pueden extraerse de ellas, como desde el control en el marco de la ciberseguridad.

Y estos no son los únicos cambios relevantes que deben incorporarse a la agenda de los consejos de administración. Cada vez percibimos de forma más evidente la demanda por parte de la sociedad, los reguladores y del resto de grupos de interés, de una mayor transparencia y una responsabilidad proactiva sobre las políticas que rigen el día a día de las empresas. Como parte de esta exigencia, especialmente los inversores –que ahora provienen de cualquier parte del mundo-, reclaman más y mejor información de las empresas. Necesitan comprender a la empresa más allá de su información financiera, conociendo de qué manera gestionan otros aspectos, desde la sostenibilidad hasta los procedimientos de control, y en qué medida forman parte de su estrategia. Quieren conocer el racional completo de sus procesos de creación de valor y que esta información sea la base sobre la que tomar decisiones. Es por ello, que la creciente relevancia del gobierno corporativo en el entorno empresarial postcrisis esté vinculada, cada vez más, a la competitividad de las organizaciones y su capacidad de financiación.

Una economía sana, sostenible y competitiva necesita empresas que den al gobierno corporativo una relevancia capital y que sean capaces de afrontar con flexibilidad la constante transformación del mercado. Las empresas, sobre todo las más grandes e internacionalizadas, ya se han dado cuenta de ello, siendo conscientes de la relevancia de dar una respuesta adecuada a las nuevas demandas de información.

Aunque estamos a la espera de conocer las recomendaciones de la Comisión de expertos en materia de Gobierno Corporativo y de la aprobación definitiva de la nueva Ley de Sociedades de Capital, tenemos el convencimiento de que el nuevo marco contribuirá de forma decisiva a la mejora de la eficacia, responsabilidad y transparencia de las empresas. Todo ello redundará además en un aumento de la confianza en el conjunto de la economía.

Autor: John Scott, Presidente de KPMG en España y de KPMG en EMA. Vicepresidente Global de KPMG.

Fuente: Expansión. Publicado el 3 de noviembre de 2014

Hoy es el día de Dow Jones Sustainability Index

Por Ramón Pueyo
on 12. 09. 2014

La de hoy se está convirtiendo en una fecha señalada en el calendario corporativo español. Como cada año, S&P Dow Jones Indices ha hecho público el listado de compañías constituyentes de Dow Jones Sustainability Index. Como es sabido, se trata de una familia de índices selectivos. Las compañías constituyentes, seleccionadas de entre las mayores del mundo, deben acreditar -tras un riguroso análisis- que sus modelos de gobierno y de gestión en asuntos extra-financieros o de sostenibilidad están entre los más avanzados del mundo. Superar el examen no es nada fácil;  319 compañías de entre las 2.522 elegibles, un doce por ciento, constituirán Dow Jones Sustainability Index World durante los próximos doce meses. 154 de las 600 compañías europeas elegibles, serán, por su parte, constituyentes del selectivo europeo, Dow Jones Sustainability Index Europe hasta el próximo mes de septiembre de 2015.

El rigor del análisis utilizado por Dow Jones Sustainability Index sorprende a quienes se acercan a él por primera vez. Las compañías son evaluadas en alrededor de veinte áreas de gestión diferentes. El principio que subyace al análisis es de debido control; Dow Jones Sustainability Index intenta entender en qué medida las compañías están administrando y gestionando adecuadamente aquellos asuntos que pueden tener un impacto sobre la salud del negocio en el largo plazo. Por eso analiza a las compañías desde el punto de vista de sus prácticas de gobierno corporativo, de atracción y retención del talento, de compliance fiscal, de gestión ambiental, de protección de los derechos humanos o de gestión de riesgos, entre otras. Dow Jones Sustainability Index se interesa no sólo por la existencia de políticas o “papel”; también pide a las compañías que acrediten la existencia de los sistemas de gestión que dan soporte a esas políticas, que divulguen sus objetivos en sus distintos ámbitos y que sean transparentes acerca de los resultados alcanzados. Y les solicita que presenten evidencias formales. En materia retributiva, por ejemplo, la información requerida por esta familia de índices selectivos rivaliza en calidad y profundidad con la que el regulador español requiere de las compañías cotizadas. Con la diferencia de que este índice la requiere no sólo para administradores y primer nivel directivo sino para el conjunto de la compañía.

Los economistas dirían que el análisis de Dow Jones Sustainability Index constituye una señal válida. La dificultad y profundidad del análisis hacen improbable que obtengan una buena calificación aquellas compañías que no la merezcan. Se trata de un análisis, además, sectorialmente informado. Y no anecdótico. Dow Jones Sustainability Index es tan sólo la punta del iceberg; el elemento más visible del creciente interés de los principales inversores institucionales y gestores de activos del mundo por las prácticas de las compañías en cuestiones extra-financieras. Alrededor de un 50% de los mayores gestores de activos del mundo han establecido en sus políticas de inversión requerimientos extra-financieros relacionados con el modelo de gobierno y de gestión de las compañías que mantienen en sus carteras de inversión. Y no lo hacen por altruismo; entienden que su obligación es asegurarse de que las compañías están siendo diligentes en la supervisión y gestión de asuntos extra-financieros que pueden tener impacto en la salud a largo plazo del negocio. Los elementos extra-financieros tienen ya, por lo tanto, un impacto sobre el valor de mercado de las compañías. Por eso las compañías inteligentes se afanan en conseguir enviar al mercado las señales adecuadas. Como formar parte de Dow Jones Sustainability Index.

Los resultados de la revisión 2014 de la familia de índices de Dow Jones Sustainability Index ofrecen buenas noticias para las compañías españolas. Catorce de las veintiocho elegibles se han convertido en constituyentes de Dow Jones Sustainability Index[1]. Cifra muy por encima del 12% que cabría esperar. En lo que se refiere a DJSI Europe, diez de las 30 compañías españolas elegibles son constituyentes del índice[2], cifra más cercana al 25% que sería previsible. Las buenas noticias se refieren a la sobrerrepresentación de compañías españolas en un índice que evalúa y compara los modelos de gobierno y de gestión de nuestras compañías con los de las mejores del mundo. Permite constatar –por si a alguien le quedaba alguna duda- que nuestras mejores empresas no tienen nada que envidiar a las de ningún otro lugar. Sin embargo, nada garantiza que el éxito de las compañías españolas en Dow Jones Sustinability Index vaya a mantenerse en el tiempo.

Ser compañía constituyente de Dow Jones Sustainability Index es un indicador de excelencia acreditado por el mercado y los inversores y avalado por una marca de prestigio. Algo muy deseable y, por lo tanto, sujeto a una creciente competencia. Valga el ejemplo de las compañías coreanas. Entienden que pertenecer al índice constituye una carta de presentación perfecta en los mercados exteriores. Por eso su presencia en el índice es cada año más nutrida. Y por eso, este año algunas compañías españolas han dejado de ser constituyentes de Dow Jones Sustinability Index. No porque de la noche a la mañana hayan dejado de hacer las cosas bien. Sencillamente otras compañías lo están haciendo mejor. Si las compañías españolas desean mantener su buena posición van a tener que esforzarse. Esto significa, entre otros, asegurar que la planificación anual de la compañía y la de sus unidades funcionales consideran –o mirar con el rabillo del ojo, cuando menos- los elementos que Dow Jones Sustainability Index considera propios de las compañías avanzadas.

James Surowiecki, columnista de The New Yorker, afirma que el capitalismo funciona mejor cuando la virtud es recompensada, y no cuando la virtud constituye una recompensa en sí misma. Dow Jones Sustainability Index es una muestra excelente de capitalismo virtuoso.  Y una muestra de las excelencias de nuestro capitalismo.

 


[1] Abertis Infraestructuras, Acciona, Amadeus IT Holding,  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, CaixaBank, Enagás, Endesa, Ferrovial, Gas Natural SDG, Iberdrola, Inditex, Indra Sistemas y Repsol.

[2] ACS Actividades de Construcción y Servicios,  Amadeus IT Holding, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, CaixaBank, Ferrovial, Gas Natural SDG, Inditex, Repsol, Telefónica.

Compliance dentro del buen gobierno corporativo

Por Alain Casanovas
on 09. 09. 2014

El pasado 30 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del buen gobierno corporativo. Curiosamente, algunos de los factores justificativos que menciona su exposición de motivos se han visto refrendados este pasado mes de agosto por el acuerdo del Departamento de Justicia norteamericano (DOJ) sobre el caso de Bank of America. Este caso pasará a la historia no sólo por ser el acuerdo de mayor monto económico unitario alcanzado por el DOJ en los Estados Unidos (16,65 billones de US$), sino por la lección que comporta: las malas praxis no pueden ser un simple coste cuando se hacen negocios. Parafraseando a la U.S. Attorney Anne M. Tompkins del Distrito Oeste de Carolina del Norte, no se pueden anteponer los beneficios de la entidad a sus clientes.

Este acuerdo (Settlement) del DOJ pone punto y final a una era donde se han hecho negocios a cualquier costa, siendo ese su legado para la posteridad más allá de su importe, que se difuminará con el paso del tiempo por elevado que nos parezca ahora.

Nuestro Proyecto de Ley para la mejora del buen gobierno es muy oportuno en este mismo sentido. De hecho, denuncia que la complejidad de las estructuras de gobierno corporativo de determinadas entidades y su falta de transparencia, hacen difícil determinar la cadena de responsabilidad, que ha constituido causa subyacente de la crisis financiera. Se desprende esta circunstancia del settlement indicado, por cuando sólo recoge el acuerdo civil compensatorio con las entidades involucradas, dejando expresamente abierta la vía no sólo a los cargos penales contra ellas, sino a las acciones civiles y criminales contra las personas físicas con alguna responsabilidad sobre los hechos reconocidos. Por lo tanto, este acuerdo tan sólo constituye el necesario reconocimiento de hechos para, seguidamente, identificar y perseguir legalmente a las personas que activa o pasivamente los permitieron. Aunque se han identificado las organizaciones implicadas en las malas praxis de titulización y venta de créditos hipotecarios, todavía falta poner rostro a los culpables: ese será el siguiente paso, cuya dificultad radica, precisamente, en determinar la cadena de responsabilidad.

La pertinencia de nuestro Proyecto de Ley para la mejora del gobierno corporativo no sólo radica en aclarar la cadena de responsabilidad en las organizaciones, sino también en otros aspectos como evitar la asunción imprudente de riesgos, cuestión que enlaza con una parte de los cometidos de Compliance. En este sentido, teje un hilo directo de responsabilidad hacia el consejo de administración, cuando entiende que forma parte del núcleo esencial de sus labores de gestión y supervisión, la gestión de riesgos, otorgándole incluso el estatuto de competencia indelegable. Ciertamente se puede –y en entidades cotizadas, deben- delegar dicha labor a una Comisión específica, pero ello no obsta la obligación de supervisar su efectivo funcionamiento, así como el de los órganos delegados y directivos que hubiera designado.

Sentada esta base, y siendo los riesgos de incumplimiento una parte de los que afronta toda organización, es claro que el Consejo de Administración y, eventualmente, una comisión específica al efecto, juegan un rol clave en impulsar modelos de Compliance. Sin embargo, a partir de ahí el Proyecto de Ley para la mejora del gobierno corporativo esboza trazos difusos en una materia tan especializada como esta, que no ayudan a solventar ciertas dudas que asaltan al empresariado.

Las entidades cotizadas deberán constituir, al menos, una comisión de auditoría y una, o dos comisiones, de nombramientos y retribuciones. Entre las funciones mínimas de la comisión de auditoría se cuenta la supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales. Según esta redacción, parecería que los Sistemas de Gestión de Cumplimiento (Compliance Management Systems –CMS-), destinados a prevenir y gestionar los riesgos de incumplimiento, se encuentran dentro del ámbito de supervisión de la comisión de auditoría, circunstancia que parece confirmar el hecho de que se cite específicamente un tipo de riesgos derivados del incumplimiento de las normas: los fiscales. En primer lugar, aunque muchas de las comisiones de auditoría están asumiendo ese rol e incluso adaptando su nombre a causa de ello (“comisión de auditoría y cumplimiento”), existen organizaciones que se sienten más cómodas ubicando su CMS al amparo de otras comisiones: la de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), por ejemplo, al entender que el cumplimiento de las normas y estándares éticos -y prevención de los riesgos derivados de su vulneración- es una cuestión más próxima a una gestión responsable que incumbe a todas sus personas que a la vigilancia y control de sus comportamientos. De hecho, los estándares más avanzados sobre Compliance siguen esta orientación -conocida como “de integridad”-, poniendo el foco en la mejora de la conducta de las personas y desmarcándose como mera herramienta para su control. En segundo lugar, estando en tramitación parlamentaria un Proyecto de modificación del Código Penal que introduce la obligatoriedad de modelos de prevención penal en las empresas, destinados, obviamente, a la prevención y gestión de riesgos penales, es llamativo el silencio sobre ellos, que contrasta con reiteradas referencias a los riesgos fiscales, aún cuando no se han legislado en España sobre las características de los sistemas destinados a su prevención y gestión. Considerando que los riesgos penales afectan a bienes jurídicos especialmente protegidos, como la vida o la salud de las personas, cabría haberles otorgado algún protagonismo, salvo que se opine que no guardan mayor relación con el buen gobierno corporativo que el pago de los impuestos. No olvidemos que reconocidas organizaciones internacionales han apuntado la estrecha relación entre los modelos de prevención penal y el tono ético en las organizaciones.

El distanciamiento respecto de las tendencias más modernas de Compliance no sólo se observa en el ámbito filosófico, sino también en algún aspecto de la regulación especialmente poco afortunado. En relación con el deber de lealtad de los administradores, se establece la obligación de adoptar medidas que les prevengan incurrir en conflicto de interés. Una de esas salvaguardas es abstenerse de obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía. Hasta ahí, el régimen no sería muy distinto del que puedan recoger otras normas y estándares internacionales. Lo que llama la atención es que, tratándose de conductas peligrosamente próximas al delito de corrupción entre particulares, su prohibición sea susceptible de dispensa por acuerdo de la Junta General. Evidentemente, ni la Junta General tiene capacidad de otorgar bula sobre una cuestión de orden público -sino más bien sus miembros convertirse en partícipe del delito, al acordar el desarrollo de la conducta típica-, ni seguramente ha sido esa la intención del legislador. Pero habrá que reconocer lo inoportuno de regular tal permisividad en los términos en que se hace y, además, en el contexto de una norma que pretende impulsar el buen gobierno corporativo.

En cualquier caso, es siempre positivo avanzar en la mejora del buen gobierno corporativo, aunque no se abracen inicialmente las tendencias más avanzadas en materia de Compliance. En el Caso que publico este mes profundizo sobre las mejores prácticas de Compliance, que se alejan de su concepción formal para promover la adopción de decisiones correctas desde una perspectiva sustancial de buen gobierno.

Avances en el gobierno corporativo de los bancos

Por Francisco Uría
on 01. 08. 2014

La crisis financiera puso de manifiesto limitaciones y deficiencias en el gobierno corporativo de no pocas entidades de crédito que, en alguna medida, pudieron facilitar la asunción excesiva de riesgos. Específicamente, se constató que la composición del consejo, su organización y funcionamiento, su relación con las funciones relacionadas con la gestión del riesgo y su control e, incluso, el modo en que administradores y directivos eran retribuidos, podía alterar el perfil de riesgo de una entidad de crédito.