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Los efectos de la reforma tributaria de Trump

Por Carlos Marín
on 28. 04. 2017

Desde que Donald J. Trump tomó posesión como el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, gran parte de la prensa económica ha centrado su mirada en su tan anunciada reforma tributaria federal que, a buen seguro, afectará no solo a empresas estadounidenses, sino también a nuestros grupos españoles con presencia en ese país.

Si bien Steven Mnuchin, secretario del tesoro, había prometido que la reforma tributaria federal vería la luz los primeros noventa días de la nueva era, trabajar en una reforma tributaria estaba siendo más complicado de lo que a priori parecía. Ello se debía, entre otros motivos, a que la financiación necesaria para el famoso muro con México no permitiría la rebaja de ingresos públicos y a que, tras el batacazo en el Obama care, los republicanos tenían que hacer examen de conciencia y aceptar que los demócratas no pueden ser ignorados en las cámaras estadounidenses.

El miércoles, Mnuchin, acompañado de Gary Cohn, director de economía, presentó en una breve rueda de prensa los ejes sobre los que vertebrará de la reforma, dedicando, por cierto, sus primeras palabras a los demócratas, en lo que pareció un intento de buscar consenso y unión, pero también recordando que el partido republicano tiene control en el Congreso, Senado y la Casa Blanca.

En esencia, las medidas anunciadas consisten en la bajada del tipo del impuesto de sociedades a un del 15%, el cambio a un sistema territorial en el que los beneficios de empresas estadounidenses generados en el exterior no están sujetos a tributación en EEUU y la creación de un impuesto único sobre los beneficios de grupos estadounidenses acumulados en el exterior. Sólo esto supone ya un cambio radical en el actual panorama tributario internacional, ya que EEUU pasaría, de golpe, a ser una de las jurisdicciones más baratas fiscalmente hablando.

Lo cierto es que las medidas anteriores están esencialmente en línea con las incluidas en el “Blueprint on Tax reform”, documento preparado por el partido republicano que aspiraba a incentivar la economía estadounidense mediante la mejora de la competitividad de sus empresas, el aumento de las exportaciones y la contratación de trabajadores nacionales. No obstante, la administración Trump ha guardado silencio sobre las algunos aspectos allí recogidos como la deducción inmediata de las inversiones en activos fijos (con la excepción de inversiones en terrenos), la eliminación de la mayoría de deducciones (incluyendo el gasto en interés), exenciones y créditos (excepto I+D) y, sobre todo, el controvertido ajuste transfronterizo (“c”), que ha hecho correr ríos de tinta en todas las direcciones y que, destilado, implicaba que sólo se podría deducir fiscalmente el coste de los bienes adquiridos y servicios prestados por contribuyentes estadounidenses frente a aquéllos (incluyendo costes de ventas, ojo) satisfechos a proveedores extranjeros, en un claro intento por reducir las importaciones y fomentar la exportación de productos nacionales.

Este sospechoso silencio parece indicar su no inclusión en la reforma tributaria, inclinando la balanza a favor de los lobbies que aseguraban que dicha norma encarecería la producción y precios de sus productos, disminuyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad exterior de las compañías estadounidenses.

No obstante, todavía es temprano para sacar conclusiones. Habrá que estar atentos al mes de mayo, en el que la administración de Trump seguirá trabajando en el texto definitivo que se presente ante el Congreso y el Senado para su debate y, en principio, aprobación. Los retos a los que se enfrentará la propuesta serán, entre otros, que el recorte de ingresos públicos dificultará su percepción como una ley coherente con los presupuestos federales y que, si no se logra el apoyo necesario de ciertos sectores demócratas, la misma no podrá aprobarse con carácter definitivo. Así, únicamente cabría la posibilidad de incorporarla al ordenamiento jurídico como medida temporal de hasta máximo 10 años.

Lo único que sí es seguro es que el día que salga a la luz la propuesta definitiva, los departamentos tributarios de bufetes y compañías se paralizarán para dar paso a un nuevo modelo en la organización y estructura de sus operaciones en EEUU.

 

Autor: Carlos Marín es socio responsable de Tributación Internacional de KPMG Abogados

Fuente: Expansión. Publicado el 28 de abril de 2017.

 

Los retos de la innovación española

Por Mariano Antón
on 12. 12. 2016

El ‘Manual de Oslo’, publicado en 2005 por la OCDE y Eurostat, define la innovación como la introducción de cambios o novedades en lo que se hace y cómo se hace, es decir, en la producción de bienes y servicios nuevos, en la mejora de los procesos y sistemas productivos existentes o en la puesta en práctica de nuevos métodos de organización o de ‘marketing’. Es evidente, por tanto, que la innovación se sitúa como un elemento capital para lograr, entre otros objetivos, un desarrollo económico sostenible de los países, un aumento del progreso y bienestar de sus sociedades y una mejora en la competitividad, la productividad y el empleo de sus economías.

En el caso concreto de España, no es ningún secreto que nuestro país sigue adoleciendo de un déficit crónico en inversión en I+D+i respecto a la media europea, una brecha que ha vuelto a ampliarse desde 2010, mermando la competitividad de nuestra economía y constituyendo un serio lastre para su crecimiento futuro. A pesar del esfuerzo que las empresas españolas han realizado en los años de mayor incidencia de la crisis, la inversión en I+D+i del sector privado de la economía española se encuentra sensiblemente por debajo de la media de la UE —aproximadamente, la mitad en términos de PIB— y muy lejos del objetivo establecido en el Programa Marco Europa Horizonte 2020.

Según los datos incluidos en el ‘Informe sobre la situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y el empleo’, publicado por el Consejo Económico y Social el año pasado, solo un 20% de las empresas españolas que podrían considerarse innovadoras realizaron actividades de innovación, lo cual probablemente tiene un origen multifactorial, aunque en todo caso muy ligado a las características del mapa empresarial español (menor tamaño medio de las empresas españolas respecto a sus comparables europeas, mayor penetración del sector servicios respecto al industrial y al primario, y peso relativo superior de las actividades industriales con reducida intensidad innovadora).

No sorprende, por tanto, que, una vez superado el largo periodo de deterioro económico ocurrido en España en los últimos años, las empresas de nuestro país hayan puesto de nuevo el foco en la innovación. Así se pone de manifiesto en las conclusiones de la edición 2016 del Barómetro Europeo de la Empresa Familiar, patrocinado por el Instituto de la Empresa Familiar y KPMG, en el que se constata que las empresas familiares españolas confían, cada vez más, en la innovación y el talento como palancas de su crecimiento actual y futuro —tal y como reflejan sus planes de inversión para los próximos años—, aunque sus comparables europeas prevean destinar comparativamente más recursos a las inversiones en innovación y nuevas tecnologías.

En todo caso, es posible ver el futuro con optimismo, porque determinados sectores industriales españoles, como el de la automoción y sus componentes, se han convertido en referentes internacionales en producción y exportación, como consecuencia, entre otros aspectos, de su decidida y sostenida apuesta por la inversión en I+D+i. También es importante que la financiación de la I+D+i no esté a merced de los vaivenes de los ciclos económicos, especialmente en lo que respecta a las administraciones públicas. La disminución generalizada de fondos públicos destinados a la innovación que tuvo lugar en España durante la crisis económica fue de tal envergadura que volvió a situarnos en el furgón de cola de los países europeos más avanzados.

Por todo esto, es vital que los sistemas de incentivos y ayudas fiscales a la innovación sean más accesibles a las pequeñas y medianas empresas, mediante la simplificación de los trámites administrativos, la reducción de los costes económicos y de gestión y la mejora en la disponibilidad de la información, así como en la estabilidad del marco regulatorio aplicable para su obtención, de manera que pueda aumentar gradualmente la escasa experiencia de las pymes españolas en esta materia.

Y, por último, resulta imprescindible que los mecanismos privados de financiación de la innovación (‘venture capital’, incubadoras/aceleradoras, redes de inversores, financiación participativa, etc.) dispongan de un marco estable que les permita desarrollar su actividad para la obtención de retornos proporcionales al riesgo que asumen. En este sentido, aunque la inversión recibida por empresas españolas en fase de desarrollo registró en 2015 un crecimiento del 83% respecto al año anterior y nuestro país continúa ganando visibilidad en el mercado mundial del emprendimiento tecnológico —un ejemplo es el éxito del South Summit del pasado mes de octubre—, todavía están por verse los efectos de las diversas leyes de capital riesgo y financiación participativa que han entrado en vigor en los dos últimos años y su impacto en el desarrollo del ecosistema innovador del país.

 

Autor:  Mariano Antón es director en Deal Advisory de KPMG en España.

Fuente: El Confidencial. 23 de noviembre de 2016

El impacto del Brexit para los exportadores españoles

Por Juan José Blanco
on 18. 10. 2016

Desde que conocimos el sorprendente resultado del referéndum británico hemos venido preguntándonos por las consecuencias fiscales y legales que el Brexit tendría para las empresas españolas, en función de un amplio rango de posibles escenarios de separación más o menos amistosa entre el Reino Unido y la Unión Europea. Recientes declaraciones de la primera ministra Theresa May parecen apuntar hacia los escenarios con un mayor grado de separación.

En este contexto no está de más que nos detengamos a valorar las consecuencias que una separación no amistosa, en la línea de lo sugerido recientemente por la primera ministra, supondría sobre los flujos comerciales entre España y el Reino Unido.

Actualmente, los intercambios de bienes entre ambos países se realizan en el marco del mercado único europeo, sin estar sujetos a derechos arancelarios ni formalidades aduaneras, y en donde los acuerdos comerciales con terceros países (aquellos no pertenecientes al territorio aduanero de la UE) se negocian de forma conjunta por los Estados Miembros.

Conforme a las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio en el año 2015, el valor de las exportaciones de España a Reino Unido alcanzó los 18.231 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 12.583 millones de euros. Estamos hablando por tanto del cuarto principal destino de las exportaciones españolas tras Francia, Alemania e Italia, presentando además un saldo creciente en términos de variación anual en los últimos años.

Por sectores, hemos de destacar el peso cuantitativo del sector de automoción, que representó en 2015 el 29% de las exportaciones y el 20% de las importaciones. Otros sectores españoles con importante exposición al mercado británico son la industria química (principalmente, farmacéutica), la agroalimentaria y la de bienes de equipo.

En esta coyuntura, el abandono del Reino Unido de la Unión Europea sin quedar al amparo de un acuerdo preferencial como el que actualmente rige los intercambios con Noruega o Suiza, tendría un considerable impacto sobre las empresas exportadoras españolas.

En primer lugar, las importaciones y exportaciones estarían sujetas al pago de derechos arancelarios que supondría un coste fijo que habría que incorporar al precio del producto. Basta recordar que el arancel actual de un automóvil importado de fuera de la UE es del 10% sobre su precio de adquisición, para hacernos una idea de la dimensión que para la industria automovilística podría suponer un “Brexit duro”.

Pero no solo hablamos de aranceles. Un envío de España a Reino Unido implicaría la presentación de una declaración de exportación en la aduana española y de una declaración de importación en la aduana del Reino Unido, con los respectivos pagos al agente de aduanas que intermedie en ambas operaciones. Este coste podría estimarse en una horquilla de 70 a 100 euros por envío. A esos desembolsos hay que añadir los costes logísticos asociados a la presentación de la mercancía ante la aduana y la exposición a controles físicos tanto aduaneros como sanitarios, veterinarios o de calidad, aplicables habitualmente en el comercio con terceros países.

Ante esta situación, resulta necesario que los sectores más expuestos diseñen una estrategia que les permita hacer frente a la incertidumbre y garantizar la competitividad de sus productos. Para aquellas empresas españolas que realicen operaciones de almacenamiento o transformación de mercancía importada para luego enviar el producto resultante a Reino Unido, merece la pena explorar la posibilidad de acogerse a alguno de los regímenes aduaneros suspensivos, como el depósito aduanero o el perfeccionamiento activo que garantizarían la exención de aranceles y de IVA de importación.

Por último, también puede cobrar relevancia la obtención del estatuto de operador económico autorizado, que a día de hoy, otorga al titular de una presunción de fiabilidad y confianza en el comercio internacional, lo que a buen seguro minimizará los costes logísticos y administrativos ligados al tráfico de mercancías.

En conclusión, es sin duda recomendable que todas aquellas compañías con intereses comerciales en el Reino Unido comiencen a examinar detalladamente el eventual impacto que los escenarios de separación más radicales pueden tener en su política de exportación al Reino Unido.

Autor: Juan José Blanco es Director responsable del área de Aduanas de KPMG Abogados

Prueba 2

Por Juan Zanón
on 22. 02. 2016

Prueba 2

España Digital S.A.

Por Jose Cantera
on 13. 11. 2012

Desde el estallido de la actual crisis económica, llevamos cuatro años inmersos en un debate continuo alrededor del enfoque y el impacto de los varios planes de choque que tanto el actual gobierno como el anterior han tratado de poner en marcha para combatir los efectos negativos de la crisis y recuperar la senda de crecimiento. La conversación ha girado fundamentalmente alrededor de medidas de reducción de déficit, del volumen y coste de la deuda, del mantenimiento de estado de bienestar y los beneficios adquiridos en la época de bonanza, o la reestructuración del sistema financiero. Parece que todo el tiempo y el dinero se están dedicando a salvar el actual modelo, cuando parece ciertamente evidente que el motor económico de España está bastante cerca de griparse por completo. No podemos seguir pensando en “tunear continuamente el Seiscientos”, sino en diseñar un nuevo coche que sea competitivo y sostenible en el nuevo paradigma económico.

Pensando con una visión de medio y largo plazo, el modelo de negocio de España S.A. necesita una profunda transformación para poder ser relevantes y competitivos en la nueva Economía Digital. El tradicional modelo productivo basado en tres sectores de actividad (primario, industria y servicios) está sufriendo el impacto del desarrollo económico de los gigantes emergentes como China, India, Rusia o Brasil. Se está deslocalizando la producción agrícola, energética e industrial a estos países que ponen en valor su mayor tamaño y escala, su abundancia de recursos naturales y sus menores costes laborales.

En España tenemos que ser conscientes de que no somos un país grande, que no tenemos recursos energéticos ni minerales, y que no somos competitivos por una mano de obra barata. Es decir, para España no es viable un modelo de negocio tipo low cost del que se están aprovechando otras economías emergentes. Por tanto, si no podemos tener la ventaja de la cantidad, el tamaño y la eficiencia, tenemos que desarrollar un modelo premium de calidad basado en la innovación y en la creatividad. Tenemos que diferenciarnos para ser competitivos, porque lo peor del mundo es quedarse atrapado en el medio (stuck in the middle).

Las nuevas tecnologías socio digitales abren un nuevo mundo de oportunidades para un país como España, que hoy más que nunca necesita un cambio en su modelo productivo. España tiene que cambiar de los átomos a los bits, del ladrillo al conocimiento. El nuevo escenario económico irá evolucionando a un modelo productivo en el que la mayoría de las actividades comerciales y de consumo se irán digitalizando, y en el que adicionalmente, una red de dispositivos inteligentes será capaz de realizar innumerables tareas de manera automatizada. Las tecnologías inteligentes están asumiendo multitud de actividades que antes realizaban los seres humanos, como la conducción de trenes de ferrocarriles ligeros, la compra y venta de acciones en el mercado bursátil, el cobro en los supermercados o la realización de micro cirugías sencillas.

En este contexto, existe una demanda creciente de talento cualificado para diseñar, programar y supervisar esta red productiva digital e inteligente. Tenemos que impulsar el desarrollo de la economía del conocimiento, de la innovación y de la creatividad. Pero un reto de esta naturaleza necesita la implicación y el esfuerzo de todos los agentes económicos.

Evidentemente, los principales agentes del cambio tienen que ser los emprendedores, sin importar en que organización desarrollan su actividad innovadora, ya sea una start-up, una corporación, una universidad o una agencia estatal. Las innovaciones de los emprendedores son la fuerza que hay detrás de un crecimiento económico sostenido a largo plazo. Pero hemos de esperar que desde las administraciones públicas no se pongan trabas a estos esfuerzos y se colabore con el máximo de los recursos disponibles. Y no debemos pensar que esto es una tarea exclusiva de súper potencias como Estados Unidos, Alemania o Japón (el “que inventen ellos” que enunció Miguel de Unamuno). Como mencionan Dan Senor y Saul Singer en Start-up Nation, en países como Israel o Corea del Sur se han hecho apuestas rotundas en este sentido que ya están empezando a dar sus frutos. En el NASDAQ norteamericano cotizan más empresas israelíes que compañías chinas, europeas e indias juntas.

Si el modelo económico está en entredicho y con bastantes evidencias de fatiga y agotamiento habrá que crear uno nuevo y tirar lo que no nos valga del actual. Todos los paradigmas y reglas que nos rodean son códigos escritos por el ser humano, y por tanto se pueden reescribir. Es el mejor momento para innovar, experimentar y crear. Necesitamos espacios y condiciones para la creación y la inversión, y especialmente para crear soluciones de manera conjunta aprovechando el poder de la inteligencia y la creatividad colectiva.

Uno de los comportamientos más naturales y sociales del ser humano es rodearse de otras personas con las que se tienen gustos, afinidades, pasiones y objetivos en común. Este comportamiento hace que surjan lugares que van concentrando geográficamente a personas con las mismas pasiones e intereses, y que resultan en espacios de co-creación colectiva. Esto es lo que hizo que surgieran zonas como Silicon Valley donde se concentran los emprendedores más creativos, los ingenieros de software más talentosos o los inversores con más apetito innovador. Del mismo modo, Hollywood se convirtió en la meca del cine y es el punto de unión de actores, directores, productores y guionistas. O que París y Milán atraigan a los mejores diseñadores de moda, modelos o fotógrafos.

En España tenemos varias ventajas competitivas naturales para atraer talento e inversión (por ejemplo, clima, gastronomía, cultura, infraestructuras de transporte) y somos la cuna de grandes corporaciones líderes mundiales en diversos sectores como el textil, las telecomunicaciones, la banca, la ingeniería o las energías renovables. Pero tenemos que reforzarnos con un sistema educativo que garantice la formación, las capacidades y el talento necesario ya que la Economía Digital está basada en el conocimiento y en la creatividad. Somos suficientemente competitivos a nivel de autovías y aeropuertos, pero necesitamos una sólida red de “infoestructuras” formada por redes de telecomunicaciones, centros de procesamiento de datos y dispositivos inteligentes. Y debemos contar con un marco administrativo, regulatorio y fiscal que minimice la burocracia y estimule la inversión en nuevos modelos de negocio basados en la creación de valor y no en la especulación.

La España Digital se tiene que desarrollar alrededor de un ecosistema en red de emprendedores, empresas, inversores privados y administraciones públicas, con capacidad de integrar y conectar esfuerzos, talento y conocimiento. Necesitamos una red nacional de formación, innovación e inversión conectada, aprendiendo de los principales polos internacionales de innovación como Silicon Valley, Tel Aviv, Austin o Zhongguancun (el Silicom Valley chino).

El éxito dependerá de que entendamos lo antes posible que el problema es de todos, y que pasa por reinventar nuestra economía en la era digital y no por parchear el modelo existente. Es un reto que nos afecta a todos y por tanto exige que la solución deba de ser colectiva.

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