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Los inversores ante el ‘bail in’

Bail in

Al final de la última legislatura europea se aprobaron el Reglamento que creaba el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Europeo que, en última instancia, lo garantiza, y la Directiva que establece el marco común para la reestructuración y resolución bancaria. Las dos normas se encuentran muy vinculadas, no sólo por la materia, sino también porque las nuevas autoridades de resolución actuarán en aplicación coordinada de ambas.

Aunque la opinión pública ha tendido a conceder más importancia al Reglamento que a la Directiva, tal vez por las dificultades políticas de su aprobación, lo cierto es que esta última contiene un elemento clave: la definitiva consolidación del principio de “proteger los fondos públicos minimizando la dependencia de ayudas financieras extraordinarias”. El ya famoso bail in.

Los legisladores de todo el mundo han querido asegurarse de que, ante una futura crisis, no será ya necesaria la utilización de fondos públicos (bail out), sino que pueda afrontarse a través del sacrificio de la propia entidad, sus accionistas y, la gran novedad, de sus acreedores. Cada vez estoy más convencido de que ese principio explica la evolución de la regulación financiera reciente: se trata de que las entidades, y sobre todo las consideradas sistémicas, sean más sólidas en capital y liquidez, limiten su endeudamiento (Basilea III y CRR/CRDIV) para que una crisis sea más difícil y, en el caso excepcional de que esta pueda producirse, se han articulado mecanismos sucesivos para evitar el apoyo público.

El banco, en definitiva, debe sostenerse por sí mismo y, de no poder hacerlo, se producirá sucesivamente el sacrificio de accionistas, acreedores (salvo los depositantes protegidos) y el propio sector financiero del que forme parte, haciendo que el respaldo público se produzca siempre “en último extremo”.

Los inversores, ya inviertan a través de acciones o de otros instrumentos financieros, se sitúan así en un escenario en que, de producirse una crisis en la entidad en la que invirtieron, pueden perder total o parcialmente su inversión. Por si alguien pudiera pensar que esta tesis es exagerada o prematura, basta con tener en cuenta el anuncio realizado hace solo unos días por la agencia Moody’s, que se plantea revisar su metodología de ranking bancario para adaptarla al nuevo entorno regulatorio en materia de resolución bancaria.

Como siempre ocurre en materia financiera, el mayor “riesgo” determina un mayor coste en la financiación. Mi opinión es que ese incremento no será general o, al menos, igual para todos, sino que dependerá del análisis que cada inversor realice del banco destinatario de su inversión y, atenderá, a la hora de fijar el precio, al riesgo de crisis que perciba.

Aunque el bail in ya se ha utilizado en estos dos años, no es menos cierto que el nuevo mecanismo todavía no ha entrado plenamente en vigor y que, sobre todo, la excepcional situación de liquidez de los mercados de capital está retrasando este efecto. Sin embargo, esa situación no durará indefinidamente y, de forma paulatina, los inversores tenderán a discriminar entre entidades. En este sentido, el ejercicio europeo de revisión de balances puede marcar un punto de partida, al suponer una auténtica due diligence gratuita y fiable.

De este modo, los inversores y analistas tenderán a convertirse en aliados de la supervisión y alertarán a los mercados sobre los auténticos riesgos a los que se enfrentan las entidades individuales. En un mundo en el que el capital lo es todo, los bancos van a competir globalmente por captarlo en las mejores condiciones y lo harán sobre dos palancas: rentabilidad y grado de posibilidad de una crisis.

La propuesta concreta de Moody’s se hará pública el próximo 7 de noviembre pero lo que se anuncia es que en el futuro el análisis de cada entidad tendrá en cuenta la probabilidad de que cada acreedor resulte afectado por la eventual resolución de un banco determinado. Ello implicará, como se ha señalado en la noticia de prensa publicada por la agencia de rating, “el reconocimiento de diferencias sustanciales entre regiones e instituciones financieras“. Todo un aviso. A medio plazo, el futuro de las entidades débiles será incierto.

Autor: Francisco Uría. Socio responsable del sector financiero de KPMG España

Fuente: Expansión. Publicado el 23 de septiembre de 2014

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