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Los efectos de la reforma tributaria de Trump

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Desde que Donald J. Trump tomó posesión como el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, gran parte de la prensa económica ha centrado su mirada en su tan anunciada reforma tributaria federal que, a buen seguro, afectará no solo a empresas estadounidenses, sino también a nuestros grupos españoles con presencia en ese país.

Si bien Steven Mnuchin, secretario del tesoro, había prometido que la reforma tributaria federal vería la luz los primeros noventa días de la nueva era, trabajar en una reforma tributaria estaba siendo más complicado de lo que a priori parecía. Ello se debía, entre otros motivos, a que la financiación necesaria para el famoso muro con México no permitiría la rebaja de ingresos públicos y a que, tras el batacazo en el Obama care, los republicanos tenían que hacer examen de conciencia y aceptar que los demócratas no pueden ser ignorados en las cámaras estadounidenses.

El miércoles, Mnuchin, acompañado de Gary Cohn, director de economía, presentó en una breve rueda de prensa los ejes sobre los que vertebrará de la reforma, dedicando, por cierto, sus primeras palabras a los demócratas, en lo que pareció un intento de buscar consenso y unión, pero también recordando que el partido republicano tiene control en el Congreso, Senado y la Casa Blanca.

En esencia, las medidas anunciadas consisten en la bajada del tipo del impuesto de sociedades a un del 15%, el cambio a un sistema territorial en el que los beneficios de empresas estadounidenses generados en el exterior no están sujetos a tributación en EEUU y la creación de un impuesto único sobre los beneficios de grupos estadounidenses acumulados en el exterior. Sólo esto supone ya un cambio radical en el actual panorama tributario internacional, ya que EEUU pasaría, de golpe, a ser una de las jurisdicciones más baratas fiscalmente hablando.

Lo cierto es que las medidas anteriores están esencialmente en línea con las incluidas en el “Blueprint on Tax reform”, documento preparado por el partido republicano que aspiraba a incentivar la economía estadounidense mediante la mejora de la competitividad de sus empresas, el aumento de las exportaciones y la contratación de trabajadores nacionales. No obstante, la administración Trump ha guardado silencio sobre las algunos aspectos allí recogidos como la deducción inmediata de las inversiones en activos fijos (con la excepción de inversiones en terrenos), la eliminación de la mayoría de deducciones (incluyendo el gasto en interés), exenciones y créditos (excepto I+D) y, sobre todo, el controvertido ajuste transfronterizo (“c”), que ha hecho correr ríos de tinta en todas las direcciones y que, destilado, implicaba que sólo se podría deducir fiscalmente el coste de los bienes adquiridos y servicios prestados por contribuyentes estadounidenses frente a aquéllos (incluyendo costes de ventas, ojo) satisfechos a proveedores extranjeros, en un claro intento por reducir las importaciones y fomentar la exportación de productos nacionales.

Este sospechoso silencio parece indicar su no inclusión en la reforma tributaria, inclinando la balanza a favor de los lobbies que aseguraban que dicha norma encarecería la producción y precios de sus productos, disminuyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad exterior de las compañías estadounidenses.

No obstante, todavía es temprano para sacar conclusiones. Habrá que estar atentos al mes de mayo, en el que la administración de Trump seguirá trabajando en el texto definitivo que se presente ante el Congreso y el Senado para su debate y, en principio, aprobación. Los retos a los que se enfrentará la propuesta serán, entre otros, que el recorte de ingresos públicos dificultará su percepción como una ley coherente con los presupuestos federales y que, si no se logra el apoyo necesario de ciertos sectores demócratas, la misma no podrá aprobarse con carácter definitivo. Así, únicamente cabría la posibilidad de incorporarla al ordenamiento jurídico como medida temporal de hasta máximo 10 años.

Lo único que sí es seguro es que el día que salga a la luz la propuesta definitiva, los departamentos tributarios de bufetes y compañías se paralizarán para dar paso a un nuevo modelo en la organización y estructura de sus operaciones en EEUU.

 

Autor: Carlos Marín es socio responsable de Tributación Internacional de KPMG Abogados

Fuente: Expansión. Publicado el 28 de abril de 2017.

 

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