La situación económica por la que está atravesando España en los últimos años ha abierto en la opinión pública el debate sobre si las empresas pagan su parte justa de impuestos y con ello contribuyen convenientemente a las arcas del Estado. Este debate, con importante repercusión tanto en la imagen como en la reputación de las organizaciones, se está enfocando no obstante, en la mayoría de los supuestos, desde una perspectiva parcial. Así, el análisis de la carga fiscal está centrándose principalmente en lo que los grandes grupos empresariales contribuyen en concepto de impuesto sobre sociedades en España, sin tener en cuenta los impuestos pagados en el extranjero, la importante carga impositiva que soportan en impuestos indirectos, locales y autonómicos, que en determinados sectores supera en mucho la carga soportada por el impuesto sobre sociedades, o la carga fiscal indirecta que soportan.

Por esa razón, la carga fiscal indirecta debe entenderse desde dos perspectivas: por un lado, la labor que realizan las empresas por medio de la recaudación de impuestos y, por otro, la información tanto propia como de terceros que las empresas deben compartir con el Estado y que le facilitan su labor recaudatoria. De los impuestos que las empresas recaudan, que son aquellos que retienen o repercuten a terceros, derivan sin duda importantes retornos para el Estado. La prueba de la importancia de los impuestos recaudados puede verse en la información contenida en los informes de contribución tributaria que presentan algunas compañías, en los que se demuestra que los ingresos que recibe el Estado por la labor recaudadora de las empresas es en muchas ocasiones superior a los impuestos soportados por las mismas. Por otra parte, la carga fiscal indirecta derivada de las obligaciones de información con la que las compañías tienen que cumplir permite una correcta gestión de los impuestos por las autoridades tributarias y la reducción del fraude fiscal. No puede obviarse, por tanto, que la contribución de las empresas por la carga fiscal indirecta es importante y debería serles reconocida, pues las mismas asumen la responsabilidad de la recaudación, incluso con la imposición de sanciones si la misma es errónea; les obliga a asumir los costes del personal encargado de estas labores recaudatorias, que en otro caso debería ser asumido por el Estado, y contribuye a la lucha contra el fraude fiscal.

 

Autor: Itziar Galindo es socia en el área de impuesto sobre sociedades de KPMG Abogados

Fuente: Cinco Días. Publicado el 26 de septiembre.