Impuestos y multinacionales, ¿consenso global?

La fiscalidad de los países actúa como una antena para la inversión. Pero cuando el capital y los activos de las empresas tienen mayor movilidad que nunca, resulta relativamente sencillo deslocalizar activos intangibles y determinadas actividades “de alto valor añadido” a jurisdicciones con regímenes tributarios privilegiados.

Para hacernos una ligera idea del problema, Oxfam calcula que la elusión fiscal de las multinacionales en África equivale al 2% de su PIB o, lo que es lo mismo, más de un 10% de toda la ayuda internacional que reciben.

Se impone, pues, el desarrollo de nuevas reglas fiscales en el ámbito internacional, capaces de dotar de eficacia a los regímenes impositivos de todos los países, pero especialmente de aquellos en los cuales los ingresos tributarios pueden significar una partida presupuestaria clave para reforzar sus instituciones e infraestructuras.

Entre el tabú y la demagogia, el mero cumplimiento de la normativa tributaria, o una simple mención a la ausencia de presencia en paraísos fiscales, bastaban para poner un tick en la casilla dedicada a la política fiscal. Sin embargo las opciones fiscales seguidas por algunos gobiernos y empresas multinacionales, nos ha llevado a una situación que la sociedad ha considerado como inaceptable. Buena prueba de ello son los boicots comerciales que han sufrido en los últimos años algunos muy conocidos y reconocidos grupos empresariales, como consecuencia de sus “estrategias fiscales agresivas”, o de sus reducidos ingresos tributarios en sus propios países de origen.

Los gobiernos de la OCDE preparan normas

La propia OCDE ha concluido que resulta imperioso modificar drásticamente las reglas del juego de la fiscalidad internacional, que han venido siendo aplicables desde los años 20, y que no se han adaptado adecuadamente a nuestra actual realidad económica. Es esta la razón de ser del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), iniciado por la OCDE en 2012, y que pretende dar respuesta a la creciente preocupación internacional por la erosión de las bases imponibles tributarias y el desplazamiento de los beneficios a países de baja tributación.

El pasado verano los responsables de finanzas del G20 dieron el pistoletazo de salida al proyecto BEPS, y definieron un ambicioso plan de acción a completar en diciembre de 2015.

Entre las 15 acciones definidas, cabe destacar las siguientes:

• El establecimiento de reglas orientadas a que las multinacionales que realicen actividades on-line paguen sus impuestos en las jurisdicciones de las que procedan sus ingresos.
• La definición de instrumentos que permitan evitar el arbitraje fiscal entre varias jurisdicciones, la doble deducibilidad fiscal de pérdidas o la ausencia de tributación de beneficios (los denominados “homeless income”), o las estructuras fiscales artificiosas o abusivas.
• La redefinición de las reglas relativas a los precios de transferencia, que han permitido desviar la tributación a países de baja tributación a través de una relativamente sencilla re-ubicación de activos, funciones y riesgos, y con independencia del origen real de los ingresos.
• La introducción de obligaciones enfocadas a que los sujetos pasivos revelen públicamente sus estructuras de planificación fiscal agresiva.
• La articulación de mecanismos para que las multinacionales desglosen sus beneficios, ventas y otras variables económicas por país, incluyendo los impuestos que pagan a los gobiernos en los que operan.

Hace unas semanas la OCDE publicó un borrador de documento, abierto a discusión pública, sobre documentación exigible en materia de precios de transferencia y sobre la información a reportar país por país por las empresas multinacionales. Resulta destacable la detallada información económica y tributaria que se exige en este primer modelo de reporting. Sin duda, va más allá de la información exigida en otras iniciativas orientadas a fomentar la transparencia fiscal, como la Iniciativa de las Industrias Extractivas (en marcha desde el año 2003), la Directiva sobre los requerimientos de capital (que obliga a las instituciones de crédito europeas a reportar los impuestos pagados en cada país, a la Comisión Europea, a partir de julio de este mismo año), o la Nueva Directiva de Contabilidad, que obligará a determinadas empresas a reportar los impuestos pagados en otras jurisdicciones a partir del año 2016.

Primeros movimientos en las empresas responsables

Vamos conociendo cómo cada vez un número mayor de compañías están adoptando políticas fiscalmente menos agresivas y prácticas más transparentes. Para compañías globalizadas, sus pautas de actuación en materia fiscal constituyen un aspecto relevante de sus políticas de transparencia y responsabilidad.

En España, el BBVA fue la primera entidad que optó por presentar un informe específico sobre la contribución fiscal global en el ejercicio 2012, y que hizo público en su página web. Repsol ha venido publicando también los impuestos pagados en cada país, desde su adhesión a la Iniciativa de las Industrias Extractivas. Empresas como Iberdrola o Inditex se han comprometido públicamente a no realizar operaciones en paraísos fiscales.

La creciente presión mediática y de las ONGs pro justicia tributaria han acabado de convencer a los más escépticos acerca de la necesidad de presentar informes detallados y clarificadores, “versión 2.0”, de la contribución empresarial a la Hacienda Pública de cada país y de la política fiscal adoptada, siguiendo el ejemplo de empresas como Vodafone, Riotinto o SabMiller.

En los próximos dos años al cerca del centenar que han optado hasta ahora por hacer pública su contribución tributaria global, habrá que sumar de un lado, las instituciones financieras europeas que deberán hacer pública esta información a partir de 2015, las empresas que deberán reportar esta información a partir de 2016 como consecuencia de la Nueva Directiva de Contabilidad, así como todas aquellas empresas multinacionales que vengan obligadas a reportar los impuestos pagados en cada país como consecuencia de las iniciativas nacionales que se gesten tras la definición de un modelo de reporting, en el marco del proyecto BEPS, en septiembre de este mismo año.

¿Y qué están haciendo para adaptarse a este nuevo “mantra tributario”?

En primer lugar, adaptar sus procesos internos para estar en condiciones de cumplir con las nuevas obligaciones de información de forma rápida y fiable. En segundo lugar, preparar un discurso adecuado que dé debida respuesta a las crecientes preguntas realizadas por las ONG´s y otros agentes económicos, a los departamentos de Responsabilidad Social Corporativa o de Relaciones con Inversores, acerca de la política tributaria seguida y de la contribución fiscal en cada país. Y por último, y no por ello menos importante: pasar al ataque; es decir, preparar informes de responsabilidad social en materia tributaria, que expliquen al mercado la política fiscal adoptada y la sostenibilidad de la misma a la luz de las nuevas reglas que se avecinan, que hagan valer su contribución a las finanzas públicas y que, en definitiva, les diferencien de sus competidores, en un entorno especialmente sensible, en el que cualquier excusa es buena para arremeter contra la improcedencia o “injusticia” de los impuestos pagados por las empresas multinacionales.

Justa o injusta, acertada o simplista, equilibrada o demagógica, la nueva ola está ya aquí. Y, como en otras ocasiones, habrá que anticiparse para liderar o esperar que la norma nos lleve.

Texto elaborado en colaboración con Daniel Gómez-Olano, Director de Tax Management Services de KPMG Abogados.