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El reto de recuperar la inversión en infraestructuras

inversión en infraestructuras

El gran desarrollo de infraestructuras registrado en España en períodos previos a la crisis económica y financiera ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo macroeconómico del país y una de las razones principales por las que España se sitúa, en la actualidad, en el puesto número 33 del Índice de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial.

Sin embargo, tal y como es conocido, la necesidad de reducción del déficit público ha provocado una drástica disminución acumulada del 90% en inversión pública desde el año 2010 hasta la fecha, llegando a niveles de inversión inferiores al 50% (en términos reales de euros invertidos por kilómetro cuadrado y millón de habitantes) con respecto al resto de los grandes países de la Unión Europea.

A pesar de la ralentización de los programas de desarrollo de infraestructuras, otros factores sí que han avanzado durante los años de disminución de la inversión, como la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana de los usuarios, las preocupaciones de instituciones y ciudadanos por la reducción de emisiones a la atmósfera, la sofisticación de la logística, los efectos en las infraestructuras derivados del cambio climático, etc., que obligan a que los planes futuros de infraestructuras de España afronten nuevos retos de manera inmediata para seguir contribuyendo a la competitividad, modernidad, vanguardia e inclusión social.

Bajo estas premisas, las infraestructuras de España tienen, entre otros, dos grandes retos que afrontar. Por un lado, en materia de transporte de mercancías, el objetivo ha de ser conseguir realmente la intermodalidad, el desarrollo de estaciones logísticas, la inclusión de los puertos en la red de transporte como pilar fundamental de competitividad y la utilización de tecnología para compartir datos e información entre los diferentes modos de transporte. En segundo lugar, en materia de desarrollo ferroviario y transporte de viajeros, el reto es aprovechar la capacidad de la infraestructura y del nivel de tecnología implantado, mejorar la operatividad, generar demanda de transporte y competitividad del ferrocarril de pasajeros. La red ferroviaria de alta velocidad está equipada con un sistema que permite la circulación de trenes con un intervalo de 2,5 minutos, por lo que la tecnología instalada permite un aumento significativo del número de viajeros.

Estos dos grandes retos fueron afrontados en la Jornada de Infraestructuras Conectados al futuro que tuvo lugar en Barcelona el pasado 28 de marzo. Las mesas redondas organizadas para el evento se focalizaron, en primer lugar, en la liberalización del transporte ferroviario en el horizonte 2020 y, en segundo lugar, en el Corredor Mediterráneo y su impacto sobre el desarrollo del sector logístico.

La liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, resultado de la trasposición del Cuarto Paquete Ferroviario aprobado por la c en diciembre de 2016, afectará enormemente al uso y ocupación de la red ferroviaria y al aumento de la competencia entre los operadores. El desarrollo del Corredor Mediterráneo ayudará a las exportaciones españolas, fomentará el tráfico por los puertos mediterráneos y satisfará, en base al Libro Blanco del Transporte de la UE, la creación de un corredor eficiente y ecológico de transporte de mercancías.

Al margen de las diferentes valoraciones que se puedan hacer del anuncio de inversión pública de 4.200 millones de euros durante los próximos cuatro años para el desarrollo de infraestructuras en Cataluña, la realidad es que la recuperación de la inversión en actuaciones que aportan un alto valor añadido en materia de competitividad es, sin duda, una gran noticia digna de celebrar. Es una buena noticia por el impacto directo de la obra pública sobre la creación de empleo, por la atracción del talento de los mejores perfiles cualificados que salieron al exterior de la mano de la internacionalización de las empresas constructoras y, en general, por la contribución a la cohesión territorial y social.

Sin embargo, el Gobierno y resto de instituciones públicas deben afrontar el debate para encontrar nuevas y novedosas formas de financiación de infraestructuras, fomentar la participación público privada y conseguir mitigar los efectos cíclicos de las crisis económicas, de tal forma que la inversión anunciada, de 1.000 millones de euros anuales, no se convierta en un motivo de celebración especial, sino en una constante para el sector.

 

Autor: Jesús de Isidro es socio responsable del sector de Infraestructuras de KPMG en España

Fuente: Cinco Días. Publicado el 31 de marzo de 2017.

 

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