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El impacto del Brexit para los exportadores españoles

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Desde que conocimos el sorprendente resultado del referéndum británico hemos venido preguntándonos por las consecuencias fiscales y legales que el Brexit tendría para las empresas españolas, en función de un amplio rango de posibles escenarios de separación más o menos amistosa entre el Reino Unido y la Unión Europea. Recientes declaraciones de la primera ministra Theresa May parecen apuntar hacia los escenarios con un mayor grado de separación.

En este contexto no está de más que nos detengamos a valorar las consecuencias que una separación no amistosa, en la línea de lo sugerido recientemente por la primera ministra, supondría sobre los flujos comerciales entre España y el Reino Unido.

Actualmente, los intercambios de bienes entre ambos países se realizan en el marco del mercado único europeo, sin estar sujetos a derechos arancelarios ni formalidades aduaneras, y en donde los acuerdos comerciales con terceros países (aquellos no pertenecientes al territorio aduanero de la UE) se negocian de forma conjunta por los Estados Miembros.

Conforme a las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio en el año 2015, el valor de las exportaciones de España a Reino Unido alcanzó los 18.231 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 12.583 millones de euros. Estamos hablando por tanto del cuarto principal destino de las exportaciones españolas tras Francia, Alemania e Italia, presentando además un saldo creciente en términos de variación anual en los últimos años.

Por sectores, hemos de destacar el peso cuantitativo del sector de automoción, que representó en 2015 el 29% de las exportaciones y el 20% de las importaciones. Otros sectores españoles con importante exposición al mercado británico son la industria química (principalmente, farmacéutica), la agroalimentaria y la de bienes de equipo.

En esta coyuntura, el abandono del Reino Unido de la Unión Europea sin quedar al amparo de un acuerdo preferencial como el que actualmente rige los intercambios con Noruega o Suiza, tendría un considerable impacto sobre las empresas exportadoras españolas.

En primer lugar, las importaciones y exportaciones estarían sujetas al pago de derechos arancelarios que supondría un coste fijo que habría que incorporar al precio del producto. Basta recordar que el arancel actual de un automóvil importado de fuera de la UE es del 10% sobre su precio de adquisición, para hacernos una idea de la dimensión que para la industria automovilística podría suponer un “Brexit duro”.

Pero no solo hablamos de aranceles. Un envío de España a Reino Unido implicaría la presentación de una declaración de exportación en la aduana española y de una declaración de importación en la aduana del Reino Unido, con los respectivos pagos al agente de aduanas que intermedie en ambas operaciones. Este coste podría estimarse en una horquilla de 70 a 100 euros por envío. A esos desembolsos hay que añadir los costes logísticos asociados a la presentación de la mercancía ante la aduana y la exposición a controles físicos tanto aduaneros como sanitarios, veterinarios o de calidad, aplicables habitualmente en el comercio con terceros países.

Ante esta situación, resulta necesario que los sectores más expuestos diseñen una estrategia que les permita hacer frente a la incertidumbre y garantizar la competitividad de sus productos. Para aquellas empresas españolas que realicen operaciones de almacenamiento o transformación de mercancía importada para luego enviar el producto resultante a Reino Unido, merece la pena explorar la posibilidad de acogerse a alguno de los regímenes aduaneros suspensivos, como el depósito aduanero o el perfeccionamiento activo que garantizarían la exención de aranceles y de IVA de importación.

Por último, también puede cobrar relevancia la obtención del estatuto de operador económico autorizado, que a día de hoy, otorga al titular de una presunción de fiabilidad y confianza en el comercio internacional, lo que a buen seguro minimizará los costes logísticos y administrativos ligados al tráfico de mercancías.

En conclusión, es sin duda recomendable que todas aquellas compañías con intereses comerciales en el Reino Unido comiencen a examinar detalladamente el eventual impacto que los escenarios de separación más radicales pueden tener en su política de exportación al Reino Unido.

Autor: Juan José Blanco es Director responsable del área de Aduanas de KPMG Abogados

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