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Category Archives: Fiscal

Fiscal

Oportunidades en la sucesión de la empresa familiar vasca

Por Alex Linacisoro
on 09. 05. 2017

Hace ya algo más de un año y medio que entró en vigor de la nueva Ley de Derecho Civil Vasco. Se trata de una ley que ha unificado la antigua regulación básica territorial vigente a lo largo de toda la historia y que se aplica a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre la base de la vecindad civil vasca.

La Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco,  se aprobó por el Parlamento Vasco el 25 de junio de 2015 y entró en vigor el 3 de octubre del mismo año. Regula, entre otros aspectos, la sucesión de las personas que tengan vecindad civil vasca. En lo que a la sucesión respecta, la nueva Ley recoge tres momentos: el simultáneo con el fallecimiento, el post mortem, con el poder testatorio, y el momento previo al fallecimiento, con el pacto sucesorio con eficacia de presente.

En el post mortem, se nombra en el testamento a una tercera persona (comisario) para designar los sucesores y distribuir los bienes objeto de la herencia. En este caso, la sucesión se abre cuando el comisario hace uso del poder testatorio.

El pacto sucesorio con eficacia de presente, puede ser una oportunidad para planificar la sucesión de la empresa familiar, ya que permite disponer de la sucesión en vida y posibilita una sucesión ordenada, sin necesidad de tener que esperar al fallecimiento del titular de la Compañía. Es importante destacar que el pacto sucesorio es en realidad un contrato entre dos partes (causante–instituyente y heredero–instituido-), que no puede ser revocado unilateralmente, puesto que se requiere el consentimiento conjunto de ambas partes para modificarlo o revocarlo. Dicho pacto debe formalizarse mediante escritura pública.

Por otro lado, a la hora de regular la tributación en la transmisión de la empresa familiar, las normas forales de los tres Territorios Históricos recogen un tratamiento más favorable en el caso de la transmisión mortis causa que en el de la transmisión inter vivos (donación). Más favorable, en el sentido de que su tributación es inferior.

De hecho, si se vincula la planificación de la transmisión de la empresa familiar en vida, como pacto sucesorio, con la tributación como sucesión y no como donación, se conseguirá un doble objetivo, perseguido, de manera probable, por los titulares de las empresas: por un lado, la sucesión ordenada del negocio, esto es, pactada entre titular y sucesor, y estructurada según el deseo de ambas partes, con un punto de vista empresarial y el propósito de perdurar en el tiempo. Por otro lado, se obtendrá una baja tributación, evitando un lastre que desanime al sucesor en la asunción de la gran responsabilidad que supone coger el timón de la empresa.

En el aspecto meramente tributario, habrá que armonizar la sucesión con el pacto sucesorio, de manera tal que no quepa interpretar la existencia de una donación y, en consecuencia, la aplicación del impuesto sobre donaciones.

Se puede concluir, por lo tanto, que la figura del pacto sucesorio con eficacia de presente debe mover a una reflexión profunda a los titulares de las empresas familiares, en el sentido de que tendrán que llevar a cabo una planificación adecuada, que permita la sucesión en los términos deseados. Y a esa situación anhelada se llegará tras el análisis de la voluntad del titular de la empresa, mediante una adecuada planificación fiscal que posibilite tributar dicha transmisión como una herencia y no como una donación en vida.

 

 

Autor: Alex Linacisoro es Director Tax de KPMG Abogados

Fuente: Estrategia Empresarial. Mayo 2017

Los efectos de la reforma tributaria de Trump

Por Carlos Marín
on 28. 04. 2017

Desde que Donald J. Trump tomó posesión como el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, gran parte de la prensa económica ha centrado su mirada en su tan anunciada reforma tributaria federal que, a buen seguro, afectará no solo a empresas estadounidenses, sino también a nuestros grupos españoles con presencia en ese país.

Si bien Steven Mnuchin, secretario del tesoro, había prometido que la reforma tributaria federal vería la luz los primeros noventa días de la nueva era, trabajar en una reforma tributaria estaba siendo más complicado de lo que a priori parecía. Ello se debía, entre otros motivos, a que la financiación necesaria para el famoso muro con México no permitiría la rebaja de ingresos públicos y a que, tras el batacazo en el Obama care, los republicanos tenían que hacer examen de conciencia y aceptar que los demócratas no pueden ser ignorados en las cámaras estadounidenses.

El miércoles, Mnuchin, acompañado de Gary Cohn, director de economía, presentó en una breve rueda de prensa los ejes sobre los que vertebrará de la reforma, dedicando, por cierto, sus primeras palabras a los demócratas, en lo que pareció un intento de buscar consenso y unión, pero también recordando que el partido republicano tiene control en el Congreso, Senado y la Casa Blanca.

En esencia, las medidas anunciadas consisten en la bajada del tipo del impuesto de sociedades a un del 15%, el cambio a un sistema territorial en el que los beneficios de empresas estadounidenses generados en el exterior no están sujetos a tributación en EEUU y la creación de un impuesto único sobre los beneficios de grupos estadounidenses acumulados en el exterior. Sólo esto supone ya un cambio radical en el actual panorama tributario internacional, ya que EEUU pasaría, de golpe, a ser una de las jurisdicciones más baratas fiscalmente hablando.

Lo cierto es que las medidas anteriores están esencialmente en línea con las incluidas en el “Blueprint on Tax reform”, documento preparado por el partido republicano que aspiraba a incentivar la economía estadounidense mediante la mejora de la competitividad de sus empresas, el aumento de las exportaciones y la contratación de trabajadores nacionales. No obstante, la administración Trump ha guardado silencio sobre las algunos aspectos allí recogidos como la deducción inmediata de las inversiones en activos fijos (con la excepción de inversiones en terrenos), la eliminación de la mayoría de deducciones (incluyendo el gasto en interés), exenciones y créditos (excepto I+D) y, sobre todo, el controvertido ajuste transfronterizo (“c”), que ha hecho correr ríos de tinta en todas las direcciones y que, destilado, implicaba que sólo se podría deducir fiscalmente el coste de los bienes adquiridos y servicios prestados por contribuyentes estadounidenses frente a aquéllos (incluyendo costes de ventas, ojo) satisfechos a proveedores extranjeros, en un claro intento por reducir las importaciones y fomentar la exportación de productos nacionales.

Este sospechoso silencio parece indicar su no inclusión en la reforma tributaria, inclinando la balanza a favor de los lobbies que aseguraban que dicha norma encarecería la producción y precios de sus productos, disminuyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad exterior de las compañías estadounidenses.

No obstante, todavía es temprano para sacar conclusiones. Habrá que estar atentos al mes de mayo, en el que la administración de Trump seguirá trabajando en el texto definitivo que se presente ante el Congreso y el Senado para su debate y, en principio, aprobación. Los retos a los que se enfrentará la propuesta serán, entre otros, que el recorte de ingresos públicos dificultará su percepción como una ley coherente con los presupuestos federales y que, si no se logra el apoyo necesario de ciertos sectores demócratas, la misma no podrá aprobarse con carácter definitivo. Así, únicamente cabría la posibilidad de incorporarla al ordenamiento jurídico como medida temporal de hasta máximo 10 años.

Lo único que sí es seguro es que el día que salga a la luz la propuesta definitiva, los departamentos tributarios de bufetes y compañías se paralizarán para dar paso a un nuevo modelo en la organización y estructura de sus operaciones en EEUU.

 

Autor: Carlos Marín es socio responsable de Tributación Internacional de KPMG Abogados

Fuente: Expansión. Publicado el 28 de abril de 2017.

 

La reforma tributaria permanente

Por Julio César García
on 05. 12. 2016

Cuando en 2014 se anunció la reforma integral de la imposición societaria, en estas mismas páginas valoré muy positivamente un texto que parecía estar llamado a iniciar un período de estabilidad normativa que daba respuesta a la principal demanda de nuestras empresas, que llevan una década reclamando seguridad jurídica y estabilidad normativa.

Por eso mismo hay que lamentar que las últimas actuaciones aprobadas por el Gobierno y fruto aparentemente del consenso de los dos partidos mayoritarios, nos vuelvan a situar ante una realidad de  “estado de excepción tributario”  en el que cualquier previsión de la carga tributaria asociada a una actividad empresarial puede resultar ilusoria, y en el que en el ámbito de la fiscalidad empresarial aparentemente todo vale. Cierto es que la situación vivida por España en el último año con un Gobierno en funciones ha podido impedir la adopción de otro tipo de medidas estructurales, pero ello no justifica que la situación tenga que ser solventada a cuenta de nuevos esfuerzos de las empresas.

Permítaseme comenzar criticando la retroactividad de muchas de las medidas, introducidas con efecto 1 de enero de 2016 por una norma aprobada con carácter de urgencia cuando apenas faltan 28 días para que termine el año, en un intento de mejorar la ejecución presupuestaria del ejercicio.  Como ya he dicho antes, me resisto a aceptar que sea constitucionalmente lícito que unas empresas que han planificado y desarrollado su actividad en base a las reglas vigentes, tengan que pagar las consecuencias de unas desviaciones presupuestarias que les son del todo ajenas mediante imposiciones normativas realizadas cuando el año está a punto de concluir. Y me parece igualmente extraño que nuestro Tribunal Constitucional pueda aceptar que una desviación en la ejecución presupuestaria pueda calificarse como una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que habilite el uso de esta potestad normativa excepcional del Gobierno.

Entrando ya en el análisis sustantivo, sin duda la novedad de mayor calado es la introducción de una regla que exige (como mínimo) la reversión artificial de los deterioros fiscalmente deducidos hasta 2013 por quintas partes, (ejercicios 2016 a 2020), al margen de que las filiales puedan seguir registrando pérdidas, medida esta, -inspirada en la propuesta de Directiva de base imponible común-, que permitirá anticipar e incrementar la recaudación en los próximos ejercicios.

Aunque la reversión se haya configurado en forma gradual, esta medida puede perjudicar la competitividad de nuestras empresas en un momento en el que los países de nuestro entorno se están dotando de regímenes fiscales cada vez más favorables, y además puede resultar especialmente dañina para empresas que en el pasado hayan podido acometer procesos de expansión internacional aún por consolidar.  En este caso la remisión a la propuesta de Directiva no parece justificación suficiente, puesto que, en primer lugar, ni siquiera sabemos si dicha Directiva prosperará (por ejemplo el Gobierno holandés ya se ha pronunciado en contra del proyecto) y porque, además no podemos olvidar que el régimen de deducción de pérdidas con recaptura en la Directiva se enmarca en el contexto de un modelo de transición hacia un objetivo final (idóneo aunque posiblemente inalcanzable) de consolidación fiscal europea.  Extrapolar este modelo no testado ni consensuado a una norma nacional no parece idóneo.

Tampoco parece adecuada la nueva vuelta de tuerca a la limitación en la compensación de bases imponibles negativas, ni la recién creada limitación a la compensación de deducciones por doble imposición, por mucho que la primera ya forme parte de nuestra historia reciente y sea una práctica seguida en otros Estados europeos. En ambos casos, estamos ante reglas injustas que alejan el impuesto de la capacidad económica real de las empresas.

En cambio, desde un punto de vista técnico, la tercera de las medidas, referente a la modificación de la exención contemplada en el artículo 21 de la LIS para convertir la exención de dividendos y plusvalías en un régimen simétrico, que impida la deducción de pérdidas en esas mismas participaciones nos parece difícilmente reprochable en el contexto europeo.

Al margen de la reforma en el Impuesto sobre Sociedades, tampoco quisiéramos dejar de comentar otros aspectos de la reforma anunciada el pasado viernes. Por un lado, el endurecimiento del régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias, incluyendo como inaplazables los pagos fraccionados, va a empeorar la situación de empresas en dificultades y, de facto, convierte en inaplazable el IS en muchos supuestos, lo que parece de todo punto inaceptable. Por otro, la anunciada puesta en marcha del SII para el próximo verano (y las innumerables dudas sobre su gestión) sin duda resultará especialmente problemática. El plazo de anuncio es insuficiente y no parece realista pensar que muchas compañías puedan implementarlo a tiempo sin un altísimo coste administrativo.

En resumen, estamos ante una reforma con finalidad esencialmente recaudatoria, pero que no va a fomentar el crecimiento de nuestra economía, más bien podría tener el efecto contrario dado que las diferentes medidas aprobadas van a incidir en aquellas empresas que más necesitan que la fiscalidad no sea un obstáculo para su desarrollo.

Mientras todo esto ocurre, seguimos lamentando que la fiscalidad autonómica y local siga sin ser objeto de atención y que las medidas de lucha contra el fraude sean testimoniales, (habrá que esperar a conocer el proyecto de ley anunciado al respecto).

 

Autor: Julio César García es Socio responsable de Fiscalidad Corporativa

Fuente: Expansión. Publicado el 5 de diciembre de 2016.

La carga fiscal indirecta

Por Itziar Galindo
on 26. 09. 2016

La situación económica por la que está atravesando España en los últimos años ha abierto en la opinión pública el debate sobre si las empresas pagan su parte justa de impuestos y con ello contribuyen convenientemente a las arcas del Estado. Este debate, con importante repercusión tanto en la imagen como en la reputación de las organizaciones, se está enfocando no obstante, en la mayoría de los supuestos, desde una perspectiva parcial. Así, el análisis de la carga fiscal está centrándose principalmente en lo que los grandes grupos empresariales contribuyen en concepto de impuesto sobre sociedades en España, sin tener en cuenta los impuestos pagados en el extranjero, la importante carga impositiva que soportan en impuestos indirectos, locales y autonómicos, que en determinados sectores supera en mucho la carga soportada por el impuesto sobre sociedades, o la carga fiscal indirecta que soportan.

Por esa razón, la carga fiscal indirecta debe entenderse desde dos perspectivas: por un lado, la labor que realizan las empresas por medio de la recaudación de impuestos y, por otro, la información tanto propia como de terceros que las empresas deben compartir con el Estado y que le facilitan su labor recaudatoria. De los impuestos que las empresas recaudan, que son aquellos que retienen o repercuten a terceros, derivan sin duda importantes retornos para el Estado. La prueba de la importancia de los impuestos recaudados puede verse en la información contenida en los informes de contribución tributaria que presentan algunas compañías, en los que se demuestra que los ingresos que recibe el Estado por la labor recaudadora de las empresas es en muchas ocasiones superior a los impuestos soportados por las mismas. Por otra parte, la carga fiscal indirecta derivada de las obligaciones de información con la que las compañías tienen que cumplir permite una correcta gestión de los impuestos por las autoridades tributarias y la reducción del fraude fiscal. No puede obviarse, por tanto, que la contribución de las empresas por la carga fiscal indirecta es importante y debería serles reconocida, pues las mismas asumen la responsabilidad de la recaudación, incluso con la imposición de sanciones si la misma es errónea; les obliga a asumir los costes del personal encargado de estas labores recaudatorias, que en otro caso debería ser asumido por el Estado, y contribuye a la lucha contra el fraude fiscal.

 

Autor: Itziar Galindo es socia en el área de impuesto sobre sociedades de KPMG Abogados

Fuente: Cinco Días. Publicado el 26 de septiembre.

La digitalización y el IVA

Por Maite Vilardebó Abella
on 05. 09. 2016

El mundo del consumo está cambiando. Una gran parte de los servicios se prestan ya en el entorno digital. La normativa tributaria tiene que, inexorablemente, adaptarse a ello porque es un camino sin retorno y, cuanto más tarde se haga, mayor puede ser la inseguridad jurídica, la litigiosidad, el riesgo de fraude y la consecuente pérdida de recaudación fiscal.

Reflexiones sobre política fiscal

Por Alberto Estrelles
on 01. 08. 2016

Muchos han sido los debates en la pasada campaña electoral, influidos sin duda por las ideologías de cada uno de los partidos políticos contendientes, en torno a conceptos fiscales recurrentes tales como la necesidad de acometer una u otra reforma fiscal, el papel recaudatorio del IRPF en nuestro sistema tributario en contraposición con el de la imposición indirecta, la conveniencia de “ampliar las bases” y de introducir una “tributación mínima” para las empresas, la lucha contra el fraude fiscal o el rol reservado en el futuro a la tributación ambiental. Finalizada la campaña con los resultados por todos conocidos, el nuevo gobierno que inicie la duodécima legislatura deberá hacer frente a la Agenda fiscal de los próximos años. 

Al margen de consideraciones ideológicas, existen algunos hechos objetivos que, en mi opinión, tendrían que ser tomados en cuenta por el nuevo ejecutivo y que a continuación resumo de manera breve.

El fomento de la inversión empresarial requiere un marco estable y transparente. Aunque se pueda pensar que es una buena noticia para los asesores, la verdad es que no podemos permitirnos como país estar acometiendo cada dos años una nueva reforma fiscal. Es imprescindible un consenso entre los grandes partidos sobre las líneas maestras de la tributación empresarial y que sea respetado por todos. Es muy importante que exista seguridad jurídica y que tanto las empresas, inversores y demás interesados sepan las reglas del juego, sin sorpresas una vez iniciado el mismo, situación que al producirse, entre otros efectos, hace perder la credibilidad de España como un país de confianza para invertir.

Cuando se habla de “ampliación de bases” o de “tributación mínima” de las empresas, convendría recordar que en nuestro sistema tributario actual la base imponible ya ha sido notoriamente ampliada, restringiendo la deducción de los gastos financieros o de los deterioros, por ejemplo, y que de facto sí existe una tributación mínima para las grandes empresas al no poder compensar todas sus bases imponibles negativas.

Asimismo, a pesar de algunas críticas infundadas, sería deseable que se respeten los métodos existentes para evitar la doble imposición. A mi entender fomentan la competitividad de las empresas españolas y su internacionalización, lo cual es crucial teniendo en cuenta que en un mundo globalizado, la doble imposición debe ser objeto de eliminación, las empresas están muy penalizadas al existir una legislación fiscal nacional e internacional cada vez más restrictiva, y es muy complejo establecer incentivos que favorezcan la actividad empresarial.

Pese a que es unánimemente reconocido que el problema de la financiación territorial es uno de los que más están contribuyendo a tensionar España, seguimos sin abordar una reforma valiente de la imposición autonómica y local. No podemos mantener un sistema financiero en el que las Comunidades Autónomas recurran sistemáticamente a la creación de un mar de impuestos propios que ahogan administrativamente a las empresas y que además, en no pocas ocasiones, son escenario de batallas políticas en las que las empresas se encuentran en medio de un fuego cruzado entre Administraciones de diferente signo.

En lo que se refiere al papel reservado al IRPF en contraste con el de la tributación indirecta, debe recordarse que no existe un solo organismo internacional que en los últimos cinco años no se haya cansado de repetir que nuestro sistema tributario penaliza en exceso la tributación del trabajo, lo cual es nocivo para el crecimiento económico. Además estos organismos recuerdan que España sigue teniendo un nivel de imposición indirecta por debajo de la media de los países de la UE.

Por otra parte, respecto a las “excelencias” del IRPF como instrumento de progresividad y justicia tributaria podrían decirse muchas cosas. No estaría de más, por ejemplo, que por primera vez se tratase de paliar la graves desigualdades originadas por la aplicación de unos mismos tipos de gravamen (al margen de la posible modulación del tramo autonómico) y mínimos personales idénticos a rentas del trabajo que denotan una capacidad contributiva real muy diferente en función de donde radique la residencia del trabajador. Recordemos que, según datos de un reconocido portal inmobiliario, en 2015 el coste medio de alquiler de un piso de 80 metros cuadrados en Barcelona o Madrid, por poner un ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo,  puede ascender, anualmente, a 14.600 euros/año o 11.900 euros, respectivamente, en tanto que un habitante de otra ciudad de España tiene que destinar al mismo concepto 3.936 euros (por no hablar de las diferencias en el coste de la cesta de la compra, transportes, educación u ocio). Tampoco es coincidencia que los salarios más elevados se concentren en ciudades que también tienen los mayores costes de nivel de vida. Por ello la configuración actual del IRPF es doblemente injusta. No sólo se gravan singularmente las rentas del trabajo, sino que además se ignora este fenómeno de la vinculación de mayores niveles salariales con mayores costes de vida, gravándose rentas nominales que no se corresponden con una capacidad económica real de sus perceptores.

Por último, la lucha contra el fraude en todos los niveles de la sociedad es, sin duda, un objetivo esencial que compartimos todos, y donde el ejemplo de aquellos que desempeñan responsabilidades institucionales es esencial. La persecución del fraude debe dotarse de los medios humanos y tecnológicos necesarios.

Esperemos que los árboles de las diferencias ideológicas que deberán tenerse en cuenta a la hora de aprobar las leyes cuando comience la legislatura no impidan ver el bosque de los problemas troncales que realmente deben afrontarse en materia fiscal.

Autor: Alberto Estrelles es socio director de KPMG Abogados

Fuente: Expansión. Publicado el 01 de agosto de 2016

 

Nuevas reglas de juego para las aduanas

Por Juan José Blanco
on 30. 05. 2016

Imaginen: una compañía presenta una declaración de despacho en la aduana de Valencia respecto a una mercancía que se está descargando en el puerto de Hamburgo. En cuestión de segundos, la aduana de Valencia facilita el levante al operador (despacho centralizado). Al mismo tiempo, en otro lugar, una máquina importada a través de la aduana de Algeciras es despachada a libre práctica por medio de un simple apunte contable (inscripción en los registros). La empresa importadora se encargará de practicar controles aduaneros y determinar los derechos de importación exigibles en sus propias instalaciones, sin la intervención de ningún funcionario (autoevaluación).

Bienvenidos al Código Aduanero de la Unión

A partir del 1 de mayo de 2016, el Código Aduanero de la Unión (CAU), aprobado por el Reglamento (UE) 952/2013 de 9 de octubre, resulta aplicable. La nueva norma persigue alcanzar ese difícil equilibrio entre la facilitación del comercio legítimo internacional y el establecimiento de controles y garantías, tanto derivados de la protección de los intereses financieros de la Unión como de la seguridad de sus residentes.

Sin duda, la adaptación al nuevo marco normativo va a suponer un importante reto para nuestras empresas, que tendrán que adaptar sus estrategias logísticas, importadoras y exportadoras a aquellas previsiones legislativas que resulten más ventajosas en términos de coste, tiempo y seguridad.

Es de destacar la aspiración decidida de la norma a garantizar su aplicación uniforme en toda la Unión a través de la armonización de modelos y la simplificación de procedimientos, en un entorno obligatoriamente electrónico, lo que a su vez representará un gran avance en términos de lucha contra el fraude y vigilancia aduanera.

Pero sin duda la gran apuesta del CAU es la consagración del estatuto de Operador Económico Autorizado (OEA) como paradigma de la fiabilidad y la confianza. La concesión de esta figura abre la puerta a todo tipo de simplificaciones y facilidades aduaneras. Podemos citar, entre otras, la dispensa de la obligación de prestación de garantía, la reducción de los controles físicos y documentales, las ventajas del reconocimiento mutuo internacional, el acceso al despacho centralizado y a los procedimientos de autoevaluación o la presentación habitual de declaraciones simplificadas.

Como consecuencia, todos aquellos operadores cuya actividad importadora o exportadora tenga una relativa presencia en su negocio deberían valorar la obtención del estatuto OEA a fin de obtener importantes ventajas competitivas en términos logísticos y financieros.

En materia de valor en aduana, los cambios más significativos se introducen en relación al tratamiento de cánones y royalties, así como de las ventas sucesivas. La aplicación de estas disposiciones deja, sin embargo, mucho espacio a la interpretación y previsiblemente será fuente de controversia en un futuro.

Dadas las dificultades prácticas de uniformar e integrar los sistemas electrónicos de veintiocho Estados miembros, se ha establecido un periodo transitorio que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que se aplicarán disposiciones provisionales en tanto no se encuentre operativa la tecnología informática necesaria.

A corto plazo, la aplicación del CAU va a suponer la reevaluación de todos los regímenes y procedimientos actualmente en vigor, que deberán regirse por los criterios establecidos en la nueva norma, lo que someterá a los operadores a la carga administrativa de acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos en materia de regímenes, depósitos, garantías, simplificaciones, etcétera.

No menor será la carga a la que se enfrenta la aduana española en un entorno de escasez de recursos humanos y materiales. Más allá del importante esfuerzo en materia informática para adaptarse a las exigencias del Código, habrá que lidiar con las dificultades propias del periodo transitorio y con las dudas que generará la aplicación práctica de la norma, en particular, las derivadas de la interrelación del despacho aduanero con otros tributos como el IVA y los Impuestos Especiales.

Por último, debemos hacer referencia a la definición de un procedimiento administrativo específico en materia aduanera en donde solo cabrá la remisión a la legislación nacional cuando el Código expresamente así lo contemple.

Está por ver, en definitiva, si nuestras empresas consiguen adaptarse exitosamente a las oportunidades que ofrece la nueva norma, lo que redundaría en una mejora de la competitividad y en una apuesta por la expansión internacional, circunstancias que podrían estimular la concentración de nuestro tejido empresarial. No será fácil para los operadores, sin embargo, adentrarse en los innumerables anexos comprendidos en los Reglamentos de desarrollo, así como conocer cuáles de los potenciales beneficios incorporados al CAU convienen a sus particulares estrategias de crecimiento.

Juan José Blanco es director responsable del área de Aduanas e impuestos especiales de KPMG Abogados

La revolución del IVA

Por Javier Sánchez Gallardo
on 18. 04. 2016

El Primer Ministro chino Li Keqiang anunció el pasado 5 de marzo la ampliación del IVA para incluir dentro de su ámbito de aplicación sectores como el inmobiliario, el financiero y asegurador o el de los bienes y servicios de consumo.

La intrigante historia de los intereses de demora

Por Julio César García
on 07. 04. 2016

La publicación en el BOE de la resolución dictada por la Dirección General de Tributos en la que definitivamente se fija el criterio interpretativo vinculante para todos los órganos encargados de la aplicación de los tributos en relación con los períodos impositivos posteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2014 es sin duda una gran noticia.

Innovación fiscal y transformación digital

Por Ignacio Longarte
on 02. 03. 2016

La realidad es que prácticamente todas las empresas estarán inmersas en un proceso intenso de transformación digital durante los próximos 3-5 años, que después se mantendrá de una forma más racional y permanente.

Davos 2016: el cambio, la nueva normalidad

Por John Scott
on 20. 01. 2016

A lo largo de los próximos tres días la ciudad suiza de Davos se convertirá en el epicentro de la actividad política y económica mundial. Una cita que ayudará a marcar la agenda de las grandes tendencias globales en un momento de la historia único que ya se ha calificado como la era de la cuarta revolución industrial. Las tres primeras revoluciones industriales trajeron la mecanización del trabajo, la producción en masa e Internet. En esta nueva época de transformación, el imparable desarrollo de la tecnología y la conectividad se erigen como los grandes motores del cambio. Las fronteras entre el mundo físico y virtual se desdibujan y obligan a cambiar radicalmente la forma de concebir la sociedad, la política y los negocios.

En estos tiempos en los que el cambio es la nueva normalidad, algunos datos subrayan la profundidad del momento histórico que atravesamos. Según Naciones Unidas, alrededor de 3.200 millones de personas tienen ya acceso a Internet y en solo cuatro años se espera que más de 25.000 millones de dispositivos estén conectados. Todo este desarrollo está teniendo efectos evidentes en una economía que no puede entenderse más que de una forma global e interconectada. Los modelos de negocio de cualquier industria están obligados a transformarse y a aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva era de la conectividad.

El Big Data, un concepto que para muchos se entiende aún de forma vaga, será probablemente una de las mayores fuentes de innovación y de creación de valor para las empresas y Gobiernos: el aprovechamiento de los miles de millones de datos generados cada día en cualquier actividad abre unas posibilidades inmensas de desarrollo y generación de riqueza. Pero el desarrollo tecnológico también conlleva nuevas amenazas ante las que el mundo debe prepararse. Según el CEO Outlook, el informe global que KPMG ha realizado encuestando a más de 1.200 CEO, el 29% apunta a los ataques cibernéticos como el riesgo que mayor impacto puede tener en sus negocios. Esta amenaza no debe afrontarse solo mediante una estrategia reactiva sino que significa una oportunidad para mejorar la lealtad y la experiencia de los consumidores.

La ecuación resulta aún más compleja cuando todo este imparable desarrollo tecnológico se encuadra en un contexto de enorme incertidumbre macroeconómica y riesgos geopolíticos. Sería un error concebir cualquier estrategia económica o política sin mirar más allá de nuestras fronteras. Tras la gran crisis económica y financiera de Occidente, el nuevo escenario apunta a un crecimiento global más moderado y volátil que perdurará durante años. Los países emergentes y China son el gran foco de incertidumbre mientras las economías desarrolladas aún se desperezan de una crisis que no ha terminado de disiparse, como aún evidencian los datos de desempleo en países como España. El brusco descenso de las materias primas, causado precisamente por esas peores perspectivas de crecimiento, acentúa la incertidumbre, como también lo hacen las divergentes políticas monetarias en distintas partes del mundo que están cambiando los flujos de inversión.

El envejecimiento de la población en las economías desarrolladas obliga a repensar fórmulas que garanticen el Estado de bienestar a largo plazo y la crisis de los refugiados muestra nuevamente cómo en un mundo globalizado ningún país es ajeno a las grandes tendencias mundiales. El Informe riesgos globales 2016 presentado en la antesala del Foro Económico Mundial dibuja un mapa de amenazas inédito hasta ahora, en el que las migraciones involuntarias son el primer riesgo por probabilidad y las catástrofes medioambientales, el de mayor impacto potencial.

Resulta extraordinariamente necesario no perder de vista este escenario y poner en marcha acciones que contribuyan a reducir las amenazas y maximizar las oportunidades. Han de buscarse acuerdos de gran alcance que ayuden a unificar y hacer más inteligente la regulación internacional, a impulsar la innovación, a construir puentes que faciliten el libre comercio entre distintas áreas del mundo y a asegurar un crecimiento que no pierda de vista grandes temas de la agenda internacional como la sostenibilidad, el medioambiente o la diversidad. Como firma de auditoría y servicios profesionales, estamos convencidos de que todos debemos contribuir a ello, reforzando el activo más importante para cualquier economía y país: la confianza.

John Scott es presidente de KPMG en España, en la región de EMA (Europa, Oriente Próximo, África y Sur de Asia) y vicepresidente Global de KPMG.

Artículo publicado originalmente en El País, el 20 de enero de 2016

NIIF 16, los arrendamientos cambian

Por Enrique Asla
on 19. 01. 2016

El IASB acaba de publicar la nueva norma de arrendamientos NIIF 16 que sustituirá los criterios de reconocimiento, valoración y desglose contenidos en la actual NIC 17 para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2019. Con la publicación de esta norma se acaba un largo proceso que se inició en 2009, y que no se ha visto exento de importantes discrepancias como las manifestadas por algunos de los sectores que recurren de forma habitual a este tipo de contratos como elementos propios de sus modelos de negocio.

La nueva norma no tiene efectos muy significativos en la contabilidad del arrendador. No obstante, en el caso de los arrendatarios la historia es muy diferente. De acuerdo con los nuevos requisitos contables, se elimina la diferenciación entre el arrendamiento operativo y el financiero de forma que todos los contratos se van a reconocer de una forma muy similar a la que actualmente se desarrolla en la NIC 17 para los arrendamientos financieros. Es decir, en el momento del reconocimiento inicial del contrato el arrendatario deberá reconocer, sujeto a determinadas excepciones, un activo (derecho de uso) y pasivo (deuda) por un importe equivalente al valor actual de los pagos futuros del contrato.

El derecho de uso será objeto de amortización sistemática durante el plazo del arrendamiento. Asimismo, se reconocerá en las cuentas un gasto financiero por los intereses relacionados con el pago de las cantidades aplazadas. De  esta forma, el gasto de arrendamiento lineal que se desprende de la actual norma se verá sustituido por un gasto de amortización constante y por unos gastos financieros decrecientes, lo que alterará el resultado final del ejercicio.

En consecuencia, las implicaciones contables en el balance del arrendatario pudieran resultar significativas ante el necesario reconocimiento de unos pasivos y unos activos que hasta la fecha se encontraban fuera de balance. No menos importantes son los efectos en las cuentas de pérdidas y ganancias, ya que el beneficio antes de impuestos se verá penalizado por el reconocimiento de una carga financiera mayor durante los primeros años del contrato, y por el cambio en los márgenes de explotación y financiero respecto al modelo actual.

Para dar una idea de la magnitud del impacto de la nueva normativa, el propio IASB cuantifica  en su estudio “Effects analysys IFRS 16” que los compromisos por contratos de arrendamiento no registrados en balance de las sociedades cotizadas en el mundo que elaboran sus estados financieros bajo NIIF o US GAAP alcanza los tres trillones de dólares.

Además de los efectos contables, los nuevos requisitos alterarán de una forma muy significativa los indicadores habituales utilizados por las entidades, inversores y analistas tales como el EBITDA, EBIT, el apalancamiento financiero, la rotación de activos, los beneficios por acción, entre otros, circunstancia que habrá que explicar y que afectará a la información histórica disponible en las empresas y en el mercado.

Además de lo anterior, la publicación de la norma ha defraudado las expectativas de unos mercados globales que apuestan decididamente por la convergencia de principios contables. El proyecto conjunto iniciado por el IASB y el FASB no sólo no ha sido capaz, una vez más, de buscar la ansiada convergencia, sino que se van a poner de manifiesto diferencias en áreas en las que hasta la fecha no se identificaban tratamientos contables distintos, curiosa contribución, sin contar que muchos “retailers” en Europa hubiesen aceptado con mayor agrado la solución aportada por el FASB que va a permitir una presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias más próxima a los criterios que actualmente se están aplicando.

El IASB está convencido de que la implantación de la NIIF 16 presenta unos beneficios que superan ampliamente a los costes relacionados con dicho proceso, conclusión que, no obstante, no comparten muchas empresas que, además de su lógica preocupación por los costes que se van a derivar de su implementación, piensan que el impacto de los nuevos requisitos contables en los indicadores que hasta la fecha venían utilizando tanto internamente como en sus comunicaciones al mercado y en sus estados financieros no va a facilitar la interpretación adecuada de sus operaciones. Dicho esto, una vez que la nueva norma está emitida, toca ahora empezar a estudiarla con detenimiento, analizar sus implicaciones en los contratos vigentes y capturar una información, en muchos casos dispersa, que será necesaria para conocer su efecto en los estados financieros.

 

Enrique Asla es Socio responsable del Departamento de Práctica Profesional de KPMG en España

Fuente: Cinco Días. Publicado el 18 de enero de 2016