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Author Archives: Álvaro Granado

Cómo fomentar los planes de pensiones

Por Álvaro Granado
on 13. 02. 2018

El debate sobre el presente y futuro de nuestras pensiones de Seguridad Social, además de estar presente en las agendas de nuestros políticos,  está generando una preocupación creciente entre los ciudadanos de nuestro país. El último estudio sobre la situación de las pensiones en España, elaborado por KPMG Abogados en noviembre de 2017, refleja que un 46% por ciento de la muestra de participantes está notablemente preocupado por su jubilación.

Pero, ¿estamos ahorrando realmente para la jubilación? Además de la preocupación que estamos manifestando por nuestra jubilación, ¿estamos actuando en consecuencia? ¿Se crean nuevos planes de pensiones en España? Si bien es cierto que el grado de concienciación sobre la necesidad de ahorro finalista para la jubilación ha aumentado, el número de planes de pensiones o sistemas de jubilación, ya sea a nivel colectivo (promovidos por las empresas para sus trabajadores) o a nivel individual, no ha crecido, como sería aconsejable, durante los últimos años. Según el estudio de pensiones de KPMG, solo un 22% de las compañías en España cuenta con sistemas de jubilación para sus empleados.

Parece que en España, la gran mayoría de la población somos plenamente conscientes de que es, no solo conveniente, sino necesario, contar con sistemas privados de pensiones como esquemas complementarios a la Seguridad Social. Pero, ¿por qué no hay más planes de pensiones? Los principales motivos podrían sintetizarse en aspectos culturales, escasa capacidad de ahorro generalizada, poca participación de las empresas y escasos incentivos para fomentar el ahorro a largo plazo para la jubilación.

Durante los dos últimos años, se está hablando de la posibilidad de permitir rescatar planes de pensiones transcurridos 10 años desde la realización de la aportación, junto con la reducción en las comisiones mínimas establecidas en la legislación de planes y fondos de pensiones. El Consejo de Ministros de ayer  dio  luz verde al Real Decreto que regula la liquidez de los planes de pensiones a 10 años, lo que permitirá rescates anticipados a partir de 2025 para aportaciones realizadas con anterioridad a 2016.

¿Supone esta medida de hacer líquidos los planes de pensiones el incentivo necesario para fomentar el ahorro y la creación de nuevos planes de pensiones? Si bien los planes de pensiones son instrumentos de ahorro no líquidos, salvo el acaecimiento de determinadas contingencias como son la enfermedad grave y el desempleo de larga duración, la posibilidad de permitir hacerlos líquidos después de 10 años no parece que sea suficiente incentivo para fomentar el ahorro de ciudadanos y empresas, pues el sector privado está esperando otro tipo de incentivos, principalmente fiscales.

Además, desde el punto de vista técnico, hay una serie de factores que pueden poner en peligro instrumentos de ahorro finalista pensando en la jubilación, al permitir el rescate anticipado de los fondos. No debemos perder de vista que, a la hora de sentarnos a planificar la jubilación, debemos siempre trabajar con las siguientes variables: disponibilidad de efectivo como cuantía a destinar al ahorro, horizonte temporal hasta mi jubilación, estrategia de inversión y elección de activos financieros que permitan, junto con el capital principal destinado al ahorro, obtener prestación de jubilación deseada.

Es decir,  para planificar nuestra jubilación debemos tomar decisiones de inversión a medio o largo plazo, que se verán comprometidas si se permite la posibilidad de deshacer la inversión antes de lo previsto; la fecha de jubilación. Esta decisión de rescate anticipado, sin duda, podrá contribuir a no alcanzar el objetivo de inversión planteado, con el consiguiente efecto en la pensión de jubilación. En la actualidad, existen otros instrumentos de inversión más adecuados a la hora de realizar inversiones pensando en horizontes temporales de 10 años, que lo que sería un plan de pensiones.  Por otro lado, el rescate anticipado implica un riesgo sobre la futura pensión, al dar la posibilidad de destinar un ahorro inicialmente pensado para la jubilación, para hacer frente a un fin distinto.

Seguir avanzando en temas como la concienciación y crear nuevos incentivos fiscales y/o económicos para la creación de planes de pensiones y de otros sistema de ahorro, sin duda contribuirá definitivamente a que de desarrolle de forma adecuada la previsión social complementaria en nuestro país. Por supuesto, sin olvidar que el salario, muchas veces, no permite  pensar en la jubilación, independientemente de la posibilidad o no de rescatarlos.

 

Autor: Álvaro Granado es Director responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados

Fuente: Expansión. Publicado el 10 de febrero de 2018

Seguridad Social: quo vadis?

Por Álvaro Granado
on 31. 07. 2017

Desde el comienzo de la crisis económica sufrida en España a partir de 2008, los distintos gobiernos han venido aplicando medidas para controlar el nivel de gasto y alcanzar los objetivos de déficit.

Dentro de nuestro sistema de bienestar, las consecuencias de algunas medidas, son percibidas casi de forma inmediata. Sin embargo, existen otras consecuencias cuyos efectos tardan más en percibirse, por el efecto de largo plazo que conllevan.

En concreto, en el sistema de pensiones, los impactos pueden resultar más significativos si miramos hacia un horizonte de 10-15 años. En este sentido, por ser nuestro sistema de Seguridad Social de prestación definida y debido a la complejidad de las reformas y a los largos periodos transitorios, el impacto de las reformas en el sistema de pensiones de Seguridad Social no se percibe de forma clara hasta que no llega el momento del cobro de la pensión. Las principales consecuencias de las reformas, básicamente debidas a la disminución en el número de cotizantes, a los salarios más bajos, el elevado desempleo y al acceso cada vez más tardío al mercado laboral, se traducen en una mejora en la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Todas estas variables, combinadas con factores demográficos, aspectos clave en un sistema de financiación de reparto como el que tenemos en España, contribuyen a que, inevitablemente, la salida que se vislumbra a medio y largo plazo para evitar consecuencias no queridas por nadie en nuestras pensiones, sea la adopción de incentivos al ahorro privado como pilar cada vez más imprescindible en la previsión social.

El cálculo de nuestras pensiones no es algo sencillo ni intuitivo, y no resulta fácil entender o deducir la pensión a la que a cada uno de nosotros tendríamos derecho como resultado de aplicar la nueva normativa de Seguridad Social.

De forma global, la traducción de lo que las modificaciones que se han ido produciendo en la normativa relativa a pensiones públicas implica, es una tendencia hacia una progresiva reducción de las pensiones futuras.

Durante mucho tiempo hasta la entrada en vigor de las últimas reformas regulatorias, se decía que la jubilación era “un problema” de otros, de todos aquellos a los que la pensión pública les suponía una importante merma en sus ingresos como consecuencia del tope en la pensión máxima (Salarios por encima de la Base Máxima de Cotización a la Seguridad Social – 45.015 Euros anuales en 2017). Esta circunstancia no suponía un problema para la mayoría, lo cual ha contribuido a que la previsión social complementaria (segundo y tercer pilar) no se haya desarrollado hasta la fecha en la misma medida que en otros países de nuestro entorno. Dado que las reformas legislativas tiene como consecuencia la corrección en el importe de las pensiones para todos los niveles salariales lo que antes era un problema de “unos pocos” ahora se convierte un problema “de todos”.

Parece, pues, casi inevitable pronosticar que será el sector privado (empresas e individuos) quien vaya tomando poco a poco mayor protagonismo en materia de pensiones.

Una nueva circunstancia que soporta esta aseveración es que, desde el año 2012 y con carácter general, la jubilación no es obligatoria en España. Es decir, llegado el rango de edad de referencia, 63/67 años, ningún convenio colectivo, ningún pacto de empresa ni normativa similar, puede obligar a un trabajador a acceder a la jubilación. Esta situación que en determinadas situaciones puede resultar positiva, en otras supone un verdadero problema para las empresas que no tengan previsto cómo actuar ante esta situación.

Al final, las reformas legislativas que se han ido  produciendo, provocados por diversas circunstancias no buscadas por el legislador y que, previsiblemente, seguirán produciéndose, tienen un impacto no solo en los afectados de forma directa, los ciudadanos, sino en la empresa como uno de los 3 pilares fundamentales en el desarrollo de la previsión social.

Sin querer ser catastrofista, no queda más remedio que ponerse manos a la obra y no esperar a que sea tarde para poner solución a estos problemas. La planificación de la jubilación es un tema de muy largo plazo que todos, empresa y empleados, deberían abordar lo antes posible, sin esperar a tener en el punto de mira nuestra jubilación.

Son cada vez más las empresas preocupadas por esta situación las que están dando sus primeros pasos en la resolución de este potencial problema que, muy probablemente, tendrán que afrontar a medio y largo plazo.

Actuar con antelación, sin duda, redundará en que podamos afrontar con garantías los años de vida que trascurrirán tras nuestra jubilación.

 

Autor: Álvaro Granado es responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados

Fuente: El Economista. Publicado el 29 de julio de 2017